Culiacán, Sin.- “Errar es humano; rectificar es de sabios”.
La frase clásica nos recuerda que equivocarse forma parte de la condición humana, pero corregir el rumbo exige carácter y sabiduría.
Tras la detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, no podemos sino reconocer una aparente rectificación en la estrategia de seguridad pública del gobierno federal y, en consecuencia, aplaudir un operativo que, en términos tácticos, parece haber sido eficaz. Persisten, sin embargo, sombras de duda sobre las circunstancias en que el personaje y dos integrantes de su equipo de seguridad perdieron la vida a bordo de un helicóptero militar.
La reacción del cártel fue inmediata, violenta y coordinada, al estilo de lo que hemos vivido en Sinaloa tras la captura de capos sinaloenses. Lo verdaderamente alarmante fue su capacidad de despliegue: acciones violentas en alrededor de 65% de las entidades federativas, más de 20 estados afectados, 252 narcobloqueos y más de 70 personas fallecidas.
Todo indica que ha quedado atrás la era irresponsable y torpe de los “abrazos y no balazos”. No obstante, más allá del operativo y de la respuesta criminal, subyace una pregunta de fondo:
¿Cómo pudo un grupo delictivo alcanzar tal magnitud, al grado de paralizar y aterrorizar a la población en buena parte del territorio nacional?
Nadie puede responder a ello sin considerar una conclusión incómoda: el contubernio entre segmentos de las estructuras gubernamentales y la delincuencia organizada. El crecimiento de estas organizaciones no se explica sin algún nivel de tolerancia, complicidad, omisión o captura institucional, ya sea por miedo o por interés.
Pero sería simplista atribuir toda la responsabilidad al poder público. La sociedad mexicana, inmersa desde hace décadas en una compleja dinámica de violencia y narcocultura, también carga una cuota de corresponsabilidad. La normalización de la violencia, la erosión del Estado de derecho y la pérdida del tejido social no ocurren en el vacío, son procesos que avanzan cuando se debilitan los referentes éticos, comunitarios e institucionales.
Rectificar es de sabios. Este reciente viraje en la acción gubernamental puede ser un primer paso, pero no será suficiente si no se corrige lo estructural: la impunidad, la corrupción y la fragilidad institucional.
El diálogo franco entre sociedad y gobierno no es un lujo, es una necesidad estratégica. No queremos un gobierno de oídos sordos que pretenda hablar en nombre del pueblo sin escucharlo. Queremos un gobierno capaz de conversar, de rendir cuentas y de construir soluciones compartidas.
La propuesta de reforma electoral, en este contexto, parece apuntar en sentido contrario. Lejos de abrir espacios de deliberación y confianza, alimenta la percepción de que no existe voluntad real de rectificación.
Si el poder no escucha, el resultado inevitable es un auténtico diálogo de sordos.
