Ser la primera presidenta mujer en la historia de México no ha significado una transformación profunda de la realidad de las mujeres. A casi año y medio del inicio de su gobierno la narrativa del “llegamos todas” choca con la realidad estadística, mientras Sheinbaum habla de avances, las mujeres siguen desapareciendo, siendo asesinadas, violadas. golpeadas y sin justicia.
México sigue registrando un promedio de 10 mujeres asesinadas al día, considerando feminicidios y homicidios dolosos de mujeres. En 2025, los feminicidios oficialmente tipificados rondaron nuevamente los 800-850 casos anuales, una cifra que no muestra una reducción considerable frente a los últimos años. En materia de mujeres desaparecidas, el panorama tampoco ofrece alivio. Solo en los últimos años se registran alrededor de 4 mil nuevas denuncias anuales y no hay evidencia de una caída sostenida en los reportes durante el primer tramo del actual gobierno. Cambian los discursos, no las cifras. En cuanto a violencia sexual, el país mantiene más de 70 mil denuncias anuales por violación y otros delitos sexuales. La cifra negra es brutal: la mayoría de los casos no se denuncia. Es decir, hablamos de un fenómeno estructural cuya dimensión real es considerablemente mayor a la oficial.
El embarazo adolescente sigue siendo un termómetro de vulnerabilidad. México continúa entre los países de la OCDE con mayores tasas de fecundidad en adolescentes, con decenas de miles de nacimientos anuales en menores de 18 años. Si bien hubo reducciones marginales en años recientes, el ritmo de disminución se ha desacelerado, y en algunos estados incluso se ha estancado.
Pero el problema no es únicamente la magnitud de las cifras, sino la persistencia de la impunidad. En una proporción alarmante de los casos de feminicidio, los agresores no son detenidos o los procesos judiciales duran años sin sentencia firme. En el caso de las desapariciones, miles de familias siguen buscando a sus hijas sin acompañamiento y apoyo del Estado. La violencia sexual, por su parte, continúa siendo uno de los delitos no solo con mayor cifra negra sino con muy pocos casos que terminen en condena. El mensaje implícito es devastador: agredir a una mujer en México sigue siendo, en demasiados casos, un delito sin consecuencias.
En este contexto, el 8 de marzo no puede reducirse a consignas ni a símbolos. El hecho histórico de que México tenga por primera vez una mujer en la Presidencia no puede convertirse en escudo frente a la exigencia de resultados. La violencia contra las mujeres no distingue colores partidistas ni narrativas políticas; exige política pública eficaz, coordinación real entre fiscalías y gobiernos estatales, presupuesto suficiente y evaluación transparente de resultados. De lo contrario, el riesgo es normalizar que las cifras se vuelvan paisaje y que la indignación se desgaste mientras la violencia se mantiene intacta.
Gobernar para las mujeres no es repetir consignas sino mejorar su entorno para que vivan seguras y sin miedo, es implementar una política de género integral y contundente que, entre otras muchas cosas, contribuya a reducir de manera significativa los homicidios, desapariciones y violaciones con resultados medibles y verificables. Si las cifras no bajan de manera clara y sostenida, no hay un gobierno feminista y no, no llegamos todas.
