El director de Defensorxs A.C. deberá emitir disculpas públicas, inscribirse en el padrón de violentadores y eliminar sus publicaciones al respecto
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El director de Defensorxs A.C. deberá emitir disculpas públicas, inscribirse en el padrón de violentadores y eliminar sus publicaciones al respecto
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sancionó a Miguel Alfonso Meza, de la organización Defensorxs A.C., tras advertir públicamente que Silvia Rocío Delgado García, exabogada de El Chapo, podría tener vínculos con el crimen organizado.
Entre las sanciones impuestas al activista destaca la orden de emitir disculpas públicas, su inscripción en el padrón de violentadores y la eliminación de sus publicaciones al respecto.
A través de sus redes sociales, Meza aseguró que no acatará la disposición, sin importar las sanciones que puedan presentar para obligarlo.
“No voy a eliminar nuestras publicaciones. Vamos a redoblar nuestro trabajo para exponer a la narcopolítica”, afirmó.
El documento del TEPJF incluye la leyenda que el activista debería emitir:
“Yo Miguel Alfonso Meza Carmona ofrezco una disculpa a ‘dato personal protegido’”.
Asimismo, se refiere que Meza debe reconocer que sus expresiones “constituyeron violencia política de género en su contra”.
La controversia se originó en el proceso de elección judicial el 1 de junio de 2025, en el que Delgado García participó como candidata a jueza penal en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Tras el proceso electoral, la jueza obtuvo 23 mil 605 votos, lo que la ubicó en segundo lugar entre las candidatas del distrito, lo que garantizó su elección en el cargo, según el semanario Zeta Tijuana.
“Estoy convencida de que para ser juez no solo se necesita preparación, se requiere carácter y temple para tomar las decisiones de manera imparcial, pero sobre todo: darle el valor que se merecen las personas”, afirmó durante su campaña.
No obstante, la organización Defensorxs documentó que Delgado García –hoy jueza– se integró al equipo de defensa de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en agosto de 2016, cuando el capo se encontraba recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO), previo a su extradición a Estados Unidos, en enero de 2017.
De acuerdo con la ONG, su función consistió en servir como enlace directo con el narcotraficante, revisar amparos interpuestos y mantenerlo informado de su situación jurídica.
En este contexto, Meza alertó que la candidatura de la jueza representaba un riesgo para la impartición de justicia, ya que –según el activista– ninguna autoridad evaluó los vínculos de la aspirante con el líder del Cártel de Sinaloa.
“Ninguna autoridad sabe cuál es su grado de cercanía con él, porque nunca lo revisaron. La elección judicial no implementó filtros mínimos para conocer los antecedentes de los candidatos”, afirmó en el momento de su publicación.
Dicho panorama abrió cuestionamientos sobre las debilidades de los mecanismos de selección establecidos para la elección judicial de 2025, la primera en México en la que los ciudadanos eligieron directamente a los jueces.
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