Agenda. Semana definitoria para el proyecto del régimen de borrar hasta el último rastro de los pasos dados en varias décadas camino a la consolidación de un Estado democrático de derecho. Ese parecería el sentido central de la iniciativa de nuevas alteraciones constitucionales de la presidenta en materia político-electoral. Además, vienen semanas de angustia y expectación para descifrar los propósitos y los efectos del mensaje de Trump a su flamante alianza militar de Centro y Suramérica y el Caribe, en cuyo estreno nos colocó como el primer blanco a derribar en sus sesiones de tiro, al ubicarnos como el epicentro de la violencia de los cárteles y en fuente de inseguridad de la región. Y el frente económico financiero no va mejor.
Piedad. Quizás nada le vendría mejor a la presidenta que aligerarle la agenda, descontando el primer punto mencionado en el párrafo anterior, o sea, la presión o la negociación que se empeña en descargar sobre sus aliados, remisos esta vez a apoyarla, o a la caza de legisladores vulnerables a la extorsión judicial o a la compra de sus votos. Pero, si no la hubo en el staff presidencial, quizás pueda caber en las comisiones dictaminadoras del Congreso, controladas por su partido, algo de piedad, con el país y con la presidenta.
Suprema piedad. La lealtad no tiene que ser incondicionalidad ante Palacio. Se puede mostrar corrigiendo a Palacio ante una iniciativa cuyo trámite será nocivo para el país y la propia presidenta. Y en este trance, los propios legisladores oficialistas -ellos mismos al borde del escarnio histórico de aprobarla- podrían recomendarle al Ejecutivo el retiro de la iniciativa. O en un acto de suprema piedad, podrían aprobar no la iniciativa, sino una moción suspensiva del debate y la votación en el pleno programada para el miércoles.
