Ante la inacción del gobernador Rubén Rocha Moya y de los múltiples ataques contra la población, hay quienes creen que no estaría mal que EU interviniera
Ante la inacción del gobernador Rubén Rocha Moya y de los múltiples ataques contra la población, hay quienes creen que no estaría mal que EU interviniera

Mientras en la mayor parte de México la propuesta del presidente estadounidense Donald Trump de realizar ataques militares contra los cárteles es ampliamente rechazada, en Sinaloa —uno de los estados más golpeados por la violencia del narcotráfico— comienza a surgir una postura distinta marcada por la desesperación.
De acuerdo con un reportaje publicado en The New York Times, en ese estado hay algunos habitantes empiezan a considerar la posibilidad de una intervención estadounidense como una alternativa ante lo que perciben como el fracaso de las autoridades para contener la violencia.
Según una encuesta nacional citada por el diario estadounidense, casi ocho de cada diez mexicanos se oponen a la idea de que Estados Unidos intervenga militarmente contra los cárteles en territorio mexicano.
Sin embargo, ese consenso comienza a fracturarse en Sinaloa, donde desde hace casi 20 meses se vive una guerra interna tras la fractura del Cártel de Sinaloa en dos facciones rivales.
La disputa se desató en julio de 2024 cuando uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán traicionó a Ismael “El Mayo” Zambada, detonando un enfrentamiento que ha transformado la vida cotidiana en ciudades como Culiacán.
Calles patrulladas por fuerzas de seguridad, comercios cerrados, familias desplazadas y tiroteos frecuentes forman parte del escenario que describen habitantes entrevistados por el Times.
“Es la última opción que queda”, dijo al diario Oliver Zamora, un vendedor de carne de 23 años. “Ya intentamos todo y no ha servido nada, ¿qué más nos queda?”, agregó.
En el punto más intenso de la violencia, habitantes de zonas periféricas de Culiacán relataron que pasaron semanas enteras encerrados en sus casas mientras se escuchaban balaceras en las calles.
Durante ese periodo los cadáveres aparecían abandonados en carreteras, se desataron enfrentamientos armados que estallaban incluso en colonias de alto nivel o los tráileres incendiados bloqueaban autopistas.
Aunque la violencia ha disminuido ligeramente en los últimos meses, el temor persiste.
En enero pasado, dos legisladores fueron atacados a tiros al salir del Congreso estatal. En otro caso, 10 trabajadores de una mina canadiense fueron secuestrados y siete han aparecido muertos hasta ahora.
Además, colectivos de búsqueda continúan recorriendo cerros y terrenos baldíos en busca de fosas clandestinas. De acuerdo con registros de organizaciones civiles citados en el reportaje, más de 18 mil personas han desaparecido en Sinaloa desde 2006, y más de 5 mil 500 en los últimos 20 meses.
“No hay para dónde voltear”, dijo María de los Ángeles Campos Sierra, madre de dos jóvenes desaparecidos.
La crisis de seguridad también ha golpeado severamente la economía del estado.
Agustín Coppel, director general de la cadena comercial Coppel, explicó al periódico que la violencia ha generado una caída económica significativa.
Entre los efectos reportados está la pérdida cercana al 10% del PIB estatal entre 2024 y 2025, más de 2,000 empresas cerradas Y caídas de hasta 50% en ventas en sectores como turismo, restaurantes y hotelería.
Incluso las propias tiendas Coppel en Culiacán han registrado una reducción del 25% en sus ventas.
“Nadie quiere salir en la noche”, explicó el empresario. “Es como una huelga general”.
Ante el recrudecimiento de la violencia, el gobierno federal ha desplegado más de 12 mil soldados y elementos de seguridad en el estado, una de las mayores movilizaciones recientes.
El general Guillermo Briseño Lobera, comandante de la Guardia Nacional, sostuvo que la estrategia busca “cerrar el cerco” contra los grupos criminales y aseguró que los homicidios han comenzado a disminuir.
Sin embargo, muchos habitantes consideran que los avances son insuficientes frente a la magnitud de la crisis.
Para algunos familiares de víctimas, la discusión sobre una posible intervención extranjera refleja el nivel de desesperación que se vive en la región.
“La idea de Trump está medio loca, porque cómo va a entrar un país extranjero a poner orden aquí”, dijo María Isabel Cruz Bernal, líder de un colectivo de madres buscadoras. “Pero la gente lo pide porque no tenemos paz ni tranquilidad”.
En el plano político, Trump ha insistido públicamente en la necesidad de actuar contra los cárteles mexicanos y ha criticado al gobierno mexicano por rechazar su apoyo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha reiterado que no permitirá la intervención militar estadounidense y que las operaciones contra el crimen organizado corresponden únicamente a las fuerzas mexicanas.
“Cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no”, afirmó recientemente.
El reportaje también señala que la posibilidad de una acción militar estadounidense ya no se toma a la ligera dentro de las organizaciones criminales.
Cuatro miembros del Cártel de Sinaloa consultados por el diario —bajo anonimato— señalaron que las facciones han comenzado a reforzar sus defensas.
Entre las medidas que describieron que se han adquirido granadas propulsadas por cohetes, se compraron sistemas antidrones que pueden costar hasta 40 mil dólares, además de que sus jefes obligaron al despliegue de vigías en la Sierra Madre para monitorear aeronaves sospechosas.
La paranoia, dijeron, se ha extendido dentro de las filas del narcotráfico ante el temor de infiltraciones.
A pesar del creciente respaldo a la idea en algunos sectores de Sinaloa, la propuesta también genera temor.
“Sería feo que se pusiera más fuerte”, dijo Rocío Torres, una estudiante de 19 años, preocupada por las posibles víctimas civiles.
Otros rechazan la intervención por principio. “Deberían atacar el problema desde dentro, no desde fuera”, afirmó José Valde Pino, profesor jubilado.
Aun así, el reportaje concluye que el hecho de que una parte de la población empiece siquiera a considerar la intervención militar extranjera refleja el nivel de desgaste y desesperación que ha provocado la violencia en el estado.
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