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Monreal y aliados advierten que el Plan B también implica reformas constitucionales

Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados.

El llamado Plan B que en breve presentará la Presidencia de la República para insistir en la aprobación de su proyecto de reforma electoral, tendrá como base varias reformas que serán necesariamente constitucionales. Así lo reconocen diversos actores políticos y analistas que han comentado de inmediato el esbozo hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del contenido que tendrá su Plan B.

Luego de que la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal no alcanzara la mayoría calificada en la Cámara baja, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el nuevo planteamiento, que se conoce como Plan B, consistirá en reformas constitucionales enfocadas en cuatro áreas específicas del sistema político. “Todas son reformas constitucionales”, reiteró, al ser cuestionado sobre el alcance jurídico de la nueva iniciativa.

De acuerdo con Monreal, son cuatro los puntos que plantea: reducir el número de integrantes de los congresos locales, otro propone establecer un tope en la cantidad de regidores en los ayuntamientos. Asimismo, contempla ajustes en la parte económica vinculada con los mecanismos como la consulta popular y la revocación de mandato.

El legislador agregó que la propuesta también prevé modificar los transitorios relacionados con la elección judicial para abrir la posibilidad de que ese proceso se realice en 2028.

Monreal señaló que la presidenta Sheinbaum sostuvo conversaciones con los partidos aliados después de la votación legislativa en la que la reforma fue rechazada: “La presidenta actuó con mucha generosidad. Yo he dicho que luego de un acto donde fue rechazada su propuesta, haberlos invitado a conversar el día de ayer es un acto de generosidad de la presidenta de la República”, declaró.

Adelantar la revocación de mandato a 2027

El director general de Integralia, Luis Carlos Ugalde, ubicó dos temas de riesgo en el Plan B de la presidenta Claudia Sheinbaum: el primero es la pretensión de adelantar la revocación de mandato a 2027, empatándola con las elecciones intermedias en las que se eligirán 17 gobernadores y la totalidad de la Cámara de Diputados.

Lo anterior, escribió el ex presidente del Instituto Federal Electoral en su cuenta X, significaría convertir esa elección en un referéndum alrededor de la mandataria, colocando su permanencia y popularidad en el centro de la contienda.

Y el segunda es incluir temas electorales en los mecanismos de democracia representativa, porque esto significaría incluir en la boleta electoral la pregunta de si la gente eatá de acuerdo en quitar dinero y privilegios a los partidos políticos; es decir, eliminar los plurinominales.

A un día de que la Cámara de Diputados rechazara con el voto en contra de los aliados de Morena –el Partido Verde y el del Trabajo--, la presidenta presentó su ya anunciado Plan B, el cual, dijo, busca acabar con los prinvilegios de los partidos políticos y de los órganos electorales.

Ugalde precisó que esa nueva propuesta que se presentará el lunes al Congreso implica polarizar alrededor de temas binarios, “nacionalizar” la elección y, después, probablemente, una nueva iniciativa de reforma electoral con el mandato de las urnas. Para adelantar la revocación de mandato es necesario modificar la Constitución, lo que convetiría la elección intermedia en un referéndum alrededor de la mandataria mexicana.

Y la segunda es que se realice una consulta popular para colocar en las boletas electorales si la gente quiere quitar dinero y privilegios a los partidos políticos.

En tanto, el exconsejero electoral Ciro Murayama sostuvo, también en su cuenta X, que una reforma electoral que solo responde al interés del gobierno no es democrática, y agregó que “ninguna reforma electoral democrática ha excluído a las oposiciones”.

Sobre la revocación de mandato dijo que el artículo 35 de la Constitución establece que no se puede realizar el próximo año para que coincida con la elección de junio.

“La revocación se ha de solicitar después del tercer año de gobierno; es decir, a partir de octubre de 2027”, precisó.

Se debe considerar a instituciones representativas

El coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, afirmó que el debate sobre una nueva propuesta de reforma electoral debe ir acompañado de una revisión interna dentro del bloque mayoritario. “Pues yo creo que hace falta que haya autocrítica de parte de Morena, sobre todo para reconocer lo que nosotros hemos aportado”, señaló al referirse al escenario legislativo que se abrió tras el rechazo de la iniciativa original en San Lázaro.

El legislador sostuvo que el análisis del llamado Plan B debe considerar el funcionamiento de las instituciones representativas y evitar sustituir el debate parlamentario por otros mecanismos. “Si todo es en la ruta de consulta pues para qué te sirve entonces los parlamentos, para qué te sirven entonces los congresos locales, los ayuntamientos”, dijo al cuestionar la posibilidad de trasladar decisiones políticas a consultas o encuestas.

Sandoval también señaló que en el debate sobre los ayuntamientos es necesario revisar la estructura de las regidurías y el uso de los recursos públicos. “En algunos municipios son 20, 23 hasta más regidores… pero también hay que ver en qué se gastan el recurso. La gran mayoría de los regidores de los municipios se gastan el recurso en nómina del capítulo 1000 y pues están en dificultades porque se convirtieron en bolsas de trabajo cuando había desempleo”, declaró.

El coordinador del PT agregó que la discusión de la reforma debe centrarse en el rumbo del sistema político y en la forma en que se amplían o restringen los espacios de participación. “El fondo ¿cuál es la intención si es avanzar en la democracia o cerrar espacio a la democracia que esa es la clave que hay que resolver”, expresó.

Finalmente, Sandoval rechazó las críticas dirigidas al PT por su posición en la discusión legislativa y pidió reconocer la trayectoria política de su partido dentro del movimiento. “Simplemente se nos sanciona y se nos dice y se nos critica de que somos traidores… nos parece verdaderamente equivocado y valoran poco el caso del PT”, afirmó.