Marlaya "vendía" hidrocarburos sin contar con activos, infraestructura, capacidad material ni personal, por lo que fue incorporada en noviembre de 2025 al listado definitivo del SAT de “factureras”
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Marlaya "vendía" hidrocarburos sin contar con activos, infraestructura, capacidad material ni personal, por lo que fue incorporada en noviembre de 2025 al listado definitivo del SAT de “factureras”
La empresa Marlaya SA de CV, señalada como parte de la red de huachicol fiscal que operó en la Marina y el AIFA habría desviado más de 29 mil millones de pesos en impuestos, reveló una investigación publicada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
El reportaje identifica a la firma como “fantasma” vinculada con operaciones de contrabando de combustible y con personajes relacionados con una estructura empresarial señalada por la Fiscalía General de la República por sus nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la documentación referida por MCCI, el monto del fraude fiscal atribuido a Marlaya asciende a 29 mil 294 millones 892 mil pesos, cifra determinada en una resolución emitida el 18 de febrero de 2026 por la Administración General de Recaudación número 3, con sede en Jalisco.
La dimensión del desfalco es de tal magnitud que, por sí sola, esta empresa habría generado un daño al erario superior a otros escándalos emblemáticos de corrupción en México.
La cifra, además, permite dimensionar el impacto social del desvío: equivale al costo de construir 42 hospitales generales de zona, 134 unidades de medicina familiar, 9 líneas de Cablebús o Mexicable o 500 planteles de bachillerato. También representa un quebranto dos veces mayor al caso Segalmex y cuatro veces superior al de La Estafa Maestra.
MCCI detalla que Marlaya fue constituida en noviembre de 2016 en Guadalajara, con un objeto social tan amplio que le permitía facturar prácticamente cualquier bien o servicio. Dos años después, en mayo de 2018, amplió su actividad a la comercialización de hidrocarburos, paso que la colocó dentro del negocio de los combustibles en un contexto de crecientes investigaciones por contrabando y evasión fiscal.
Sin embargo, con el tiempo, las autoridades fiscales concluyeron que la empresa no tenía condiciones reales para operar.
Según la información recabada, Marlaya facturaba venta de hidrocarburos sin contar con activos, infraestructura, capacidad material ni personal, por lo que fue incorporada en noviembre de 2025 al listado definitivo del SAT de Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (Efos), conocidas como “factureras”.
El SAT ya había detectado irregularidades desde septiembre de 2021, cuando le impuso sanciones por infracciones tributarias vinculadas a la comercialización de petrolíferos. Después de varios procedimientos de fiscalización, concluyó que la compañía había sido utilizada para evasión fiscal o lavado de activos.
Uno de los hallazgos más delicados retomados por MCCI es la conexión de Marlaya con una red empresarial investigada por la FGR por huachicol fiscal. En documentos mercantiles aparece como personaje central Aldo Ignacio Ulloa Temblador, representante legal de Marlaya y también vinculado con Mefra Fletes, empresa involucrada en los decomisos de millones de litros de combustible realizados en Tampico y Ensenada durante 2025.
Ulloa Temblador también ha sido representante de Dalcrise SA de CV, empresa relacionada con Impulsora de Productos Sustentables (IPS), otra firma señalada en investigaciones por contrabando de hidrocarburos. Según MCCI, todas estas empresas —Marlaya, Mefra Fletes, Dalcrise, IPS y Ecocarburante— aparecen en la causa penal 325/2025 iniciada por la FGR tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon, caso que exhibió una presunta red de contrabando de combustibles con protección de mandos militares.
El reportaje también recupera un señalamiento hecho públicamente por el entonces fiscal general Alejandro Gertz el 20 de mayo de 2025, cuando afirmó que Mefra Fletes y los hermanos Murguía Santiago estaban vinculados con el CJNG. En esa estructura aparece nuevamente la figura de Ulloa Temblador, lo que refuerza la conexión entre Marlaya y un entramado empresarial bajo sospecha.
De acuerdo con el expediente de la FGR citado por MCCI, Marlaya desempeñaba una función específica dentro de la red: comercializar el combustible que ingresaba de contrabando al país. Es decir, una vez adquirido en Estados Unidos e internado en México, el hidrocarburo era vendido a diversas empresas, entre ellas Marlaya, encargada de su colocación en el mercado.
Ese papel explica el tamaño del adeudo fiscal. El SAT determinó que la empresa acumuló un pasivo histórico por 29 mil 100 millones de pesos por concepto de ISR e IVA no declarados, a los que se suman otros conceptos hasta alcanzar los 29 mil 294 millones 892 mil pesos.
La dimensión del monto no sólo revela una operación masiva, sino una probable utilización del sistema fiscal como mecanismo para absorber ganancias ilícitas y ocultar el verdadero origen de las operaciones comerciales.
Otro dato revelador es que Marlaya reportó como domicilio fiscal una vivienda ubicada en la calle Tequila, en la colonia Vallarta Poniente de Guadalajara, a espaldas de Plaza Exhimoda. Ese mismo domicilio fue reportado por Nafta Aditivos Orgánicos, otra empresa investigada por huachicol y señalada por el SAT como presunta facturera.
En el caso de Nafta, un oficio del SAT fechado el 3 de marzo de 2026 determinó omisiones de pago por 3 mil 859 millones de pesos, por conceptos que incluyen trámites aduaneros, IEPS, ISR, IVA y multas. La coincidencia en el domicilio y en el patrón de operación fortalece la hipótesis de un esquema empresarial articulado para simular operaciones y evadir contribuciones.
La investigación de MCCI subraya que el monto defraudado por Marlaya equivale a 33 veces el presupuesto de la Secretaría Anticorrupción y a 1.4 veces el de la Fiscalía General de la República, dos instituciones clave para combatir precisamente redes de corrupción, evasión y delincuencia financiera.
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