Evidencias mostradas por el diario El País contradicen versión oficial sobre el derrame en 630 kilómetros; buque contratado por Pemex operó sobre ducto clave
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Evidencias mostradas por el diario El País contradicen versión oficial sobre el derrame en 630 kilómetros; buque contratado por Pemex operó sobre ducto clave
Una investigación basada en imágenes satelitales y datos de tráfico marítimo publicada por el diario español El País revela que un buque que hacía trabajos de mantenimiento en ductos de Petróleos Mexicanos permaneció anclado durante más de ocho días sobre un ducto activo en la Sonda de Campeche, en la misma zona donde se detectó una mancha de crudo de más de 50 kilómetros cuadrados y que ahora se ha expandido a 630 kilómetros.
Se trata del buque Árbol Grande, embarcación de la empresa Diavaz, contratista favorito de Pemex, que operó entre el 9 y el 16 de febrero sobre un oleoducto que transporta crudo tipo maya desde la plataforma Akal-C hacia la terminal marítima de Dos Bocas.
Las imágenes satelitales captadas el 15 de febrero muestran al Árbol Grande rodeado de otras embarcaciones sobre una extensa mancha aceitosa, identificada como posible derrame por plataformas de monitoreo ambiental. Datos de navegación a los que tuvo acceso el diario español confirman que fue el único barco que permaneció inmóvil en ese punto durante casi 200 horas.
Debajo de esa ubicación cruza el ducto identificado como Old AK C, infraestructura de 161 kilómetros que ya había registrado un derrame en mayo de 2025.
"Una imagen satelital tomada el 15 de febrero muestra un barco, rodeado de otras naves más pequeñas, sobre una mancha aceitosa en el mar, identificada como un posible derrame de petróleo por Cerulean, una plataforma de la organización ambientalista SkyTruth que usa imágenes satelitales y aprendizaje automático para detectar derrames petroleros", se lee en el reportaje.
Imagen creada por El País, a partir de los datos satelitales emitidos en la zona del derrame.
Y complementa que en "la plataforma Global Fishing Watch, que monitorea la actividad marítima mundial, identifica que, del 7 al 17 de febrero, 15 naves transitaron en un radio de un kilómetro alrededor de ese punto exacto. Pero solo un barco pasó detenido ahí casi 200 horas, más de ocho días: El Árbol Grande".
De acuerdo con la plataforma de contratos de Petróleos Mexicanos, señala el reportaje, Constructora Subacuática Diavaz Sa de CV "es contratista de la petrolera estatal al menos desde 2018 y, en mayo de 2025, ganaron una licitación pública por casi 11 mil millones de pesos titulada 'Administración de integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos marinos'".
Uno de los documentos oficiales más claros está en el portal de transparencia de Pemex: el Contrato 648238810, firmado el 11 de junio de 2018 para la “Administración de integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos marinos”.
El propio convenio modificatorio identifica a la empresa y precisa que el contrato fue celebrado por un monto máximo de 843 millones 285 mil 287.41 pesos, además de 167 millones 921 mil 317.58 dólares, con monto mínimo de 337 millones 314 mil 114.96 pesos y 67 millones 168 mil 527.03 dólares. El plazo pactado fue de 931 días naturales, del 15 de junio de 2018 al 31 de diciembre de 2020.
En el reporte mensual de pagos y adeudos de marzo de 2025, Pemex registra para Constructora Subacuática Diavaz, S.A. de C.V., en el contrato 6482328150, un monto de 806 millones 246 mil 541.9 pesos en un rubro y 242 millones 982 mil 966.6 pesos en otro, para un total de 1,049 millones 229 mil 508.5 pesos, además de otro registro por 60 millones 627 mil 813 pesos.
Aunque la investigación no acusa directamente a la empresa del derrame, si queda claro que se ha dedicado a ser parte de la integridad y confiabilidad del sistema de transporte de hidrocarburos por ductos marinos. No se trata de un servicio periférico, sino de una función crítica dentro de la red submarina de Pemex.
Estos hallazgos contradicen directamente la postura sostenida por autoridades federales y estatales desde el inicio de la contingencia, cuando negaron cualquier fuga en instalaciones de Pemex.
Desde los primeros reportes de contaminación en costas de Tabasco y Veracruz, el Gobierno mexicano descartó responsabilidad de la petrolera estatal.
La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, afirmó que el origen del problema era “un barco privado de una petrolera privada que no le trabaja a Pemex”.
Posteriormente, en conferencia oficial, el secretario de Marina, Raymundo Morales Ángeles, sostuvo que el derrame se debía a “un vertimiento ilegal” de un buque, así como a emanaciones naturales conocidas como chapopoteras.
Incluso se aseguró que la mancha detectada sobre el ducto de Pemex correspondía a fenómenos naturales y no a una fuga en la infraestructura.
Mientras las autoridades sostienen que el derrame está bajo control, comunidades costeras reportan un escenario distinto: playas contaminadas, afectaciones a la pesca y turismo, y la aparición de fauna marina muerta, incluidos peces, tortugas y delfines.
El área afectada se extiende ya por más de 600 kilómetros del Golfo de México, desde Tabasco hasta el norte de Veracruz.
La evidencia documentada apunta a que el punto de origen del derrame coincide con una zona de intervención directa en infraestructura petrolera, lo que debilita la versión oficial sostenida durante semanas.
Pese a solicitudes de información de El País, Pemex no ha aclarado qué ocurrió en el ducto durante los días en que el buque realizaba labores en el sitio.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado en conferencias matutinas que no existe evidencia concluyente de una fuga en instalaciones de Pemex.
“No hay elementos que indiquen que el derrame provenga de instalaciones de Pemex; se está investigando y se actuará conforme a la información técnica disponible”, señaló en su conferencia mañanera.
Asimismo, sostuvo que: “se está atendiendo el tema con responsabilidad y coordinación interinstitucional; no se puede adelantar conclusiones sin pruebas científicas”.
La discrepancia entre los datos técnicos revelados y la postura oficial coloca el caso bajo creciente presión pública y mediática, en un momento donde el impacto ambiental continúa expandiéndose y las comunidades afectadas exigen respuestas claras.
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