Cada crisis pone al obradorismo frente al espejo. El régimen que presume de la fuerza arrolladora de la transformación es una caja vacía de capacidades de gestión. Bajo la retórica de que la realización del proyecto exigía desmantelar intereses incrustados en las zanjas institucionales, se desactivaron los contrapesos, se capturaron las vigilancias, se relegó la razón técnica, se normalizó la excepción militar, se subordinó la administración a la lealtad facciosa. La promesa era seductora: la verticalidad del mando y la pureza de la intención se harían cargo del imperativo de la eficiencia. La realidad ha sido otra: el neopresidencialismo restableció la centralidad unipersonal de la autoridad política, pero no la eficacia de la voluntad unificada.
El derrame en el Golfo de México ilustra esta paradoja con una elocuencia casi literaria. Ante un evento que exigía receptividad social, transparencia técnica y gestión oportuna, se recreó el patrón ya conocido: la sustitución de la responsabilidad política por el control propagandístico del relato. Política de negación, exoneración y olvido.
Ante cualquier suceso, el manual morenista de gestión de crisis indica que siempre se deben reducir los hechos a una contingencia de menor escala, sin implicaciones relevantes, casi anecdóticas. Si la evidencia —manchas visibles, afectación a las comunidades, denuncias de organizaciones de la sociedad civil— contradice la versión reduccionista, entonces debe recurrirse a la conspiración conservadora: los adversarios magnifican los acontecimientos para debilitar, dividir o crear discordia en torno al movimiento.
El siguiente paso es la exoneración anticipada. No se requieren investigación ni reconstrucción técnica para sostener que la causa de lo causado se encuentra en algún momento del pasado. Siempre se puede culpar al conductor por exceso de velocidad o desempolvar un buque contratado en la administración de Peña Nieto para evadir cualquier responsabilidad actual por acción u omisión. Si no hay nada en la chistera, cúlpese a Calderón y, claro, maldígase de García Luna.
Si la crisis persiste o se agrava, el manual prescribe relativizar el daño y, por supuesto, abrir la cartera. Nunca hablar de las víctimas. Cuidado con el uso de conceptos que transmitan un tono de gravedad. El léxico burocrático ofrece un arsenal de coartadas para desactivar cualquier exigencia de rendición de cuentas. Cuando el caso derive en tensión social, anúnciese de inmediato “apoyos sociales”: son irrelevantes el monto, la pertinencia y la eficacia de la dádiva. Si la presión política no cede, debe recurrirse a la liturgia de las denuncias “contra quienes resulten responsables”. Total, en la secrecía natural de los expedientes se puede enterrar cualquier pregunta y, sobre todo, en los acuerdos reparatorios transigir ante cualquier reclamo de verdad o de justicia.
El último recurso es siempre el control del tiempo. No se trata de resolver, aprender, prevenir o reformar. Esas son sofisticaciones tecnocráticas. Todo es cuestión de resistir el temporal. En la “cultura del aguante”, la siguiente polémica cancela la anterior. El olvido es la sucesión natural de la política de no hacer nada. Así, cada crisis, cada escándalo, se superpone a la anterior hasta normalizar la indiferencia y neutralizar la capacidad social de indignarse.
Las crisis son, en esencia, pruebas de la realidad. El manual obradorista es una guía para administrarlas desde la incompetencia y el engaño. La responsabilidad democrática exige lo contrario: encarar el capricho de la naturaleza, la interdependencia de los fenómenos sociales, la falibilidad humana. De eso y poco más se trata la tarea de gobernar.
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