Resolución de ONU sobre desapariciones se sustentó en testimonios de 170 ONG

Más de 170 organizaciones civiles y agrupaciones de búsqueda solicitaron al Comité de Naciones Unidades contra la Desaparición Forzada que llevara el caso de México ante la Asamblea General para exponer y solucionar esta crisis. Incluso, mencionaron el Rancho Izaguirre, en Jalisco, y el grupo criminal “La Barredora”, en Tabasco, como casos recientes de la probable implicación de autoridades mexicanas en desapariciones forzadas.

El pasado 4 de abril, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra Ibarra, acusó al Comité de la ONU de tomar su decisión basado en peticiones de “algunas ONG caracterizadas por su manipulación” y señaló directamente al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro-Juárez (Centro Prodh).

Sin embargo, desde agosto de 2025 se presentó al grupo de especialistas de Naciones Unidas el informe “Desapariciones Forzadas Generalizadas y/o Sistemáticas Cometidas en México. Una oportunidad para proteger a todas las personas contra las desapariciones forzadas en México”, en el que no aparece como firmante el Centro-Prodh.

El contenido del documento fue respaldado por más de 170 ONG y más de 180 académicos, activistas, familiares de víctimas y solidarias para contradecir la narrativa oficial y exponer la situación de las desapariciones en México.

Entre las firmantes están Artículo 19; Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de DH Fray Bartolomé de las Casas; Centro de Investigación de Crímenes Atroces; Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio; Red de Periodistas del Noreste; Red por los Derechos Humanos de la Infancia en México; Sociedad Civil las Abejas de Acteal, Colectivo Amor por los Desaparecidos Tamaulipas.

“Hay elementos razonables para creer que existen indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de manera generalizada o sistemática en México, ya sea por agentes estatales, por miembros de organizaciones criminales con autorización, apoyo otolerancia del Estado, o por estos últimos actuando de manera autónoma”, suscribieron los firmantes a través del documento.

Destacaron el “incremento exponencial” en 2024 y 2025 de desapariciones en Tabasco cuando Hernán Bermúdez era secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Adán Augusto López.

“Las desapariciones en Tabasco han crecido de forma alarmante en los últimos dos años. Aunque hay esfuerzos institucionales, la impunidad, corrupción y presunta colusión entre autoridades y crimen organizado persisten. 

“Destacan los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad (2018-2024), presuntamente vinculado al crimen organizado, bajo el gobierno de Adán Augusto López. Esto sugiere aquiescencia estatal en desapariciones”.

Las autoridades no actuaron

Recordaron que en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, se ha documentado la existencia de un campamento de reclutamiento forzado y desaparición mediante una red de protección institucional al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Estos campamentos operaron durante años con plena visibilidad, sin que las autoridades actuaran, a pesar de las denuncias de colectivos y comunidades; el contexto actual de hallazgo ha demostrado una participación del presidente municipal, quien presuntamente apoyabaal CJNG con patrullas, armas y maquinaria del municipio”.

En el informe se resalta que tal situación configura una desaparición forzada en los términos de la convención internacional: privación de libertad con incomunicación, participación o permisividad estatal, y negativa a reconocer la detención, lo que contradice la narrativa oficial de que las desapariciones actuales son obra exclusiva del crimen organizado, eximiendo al Estado de toda responsabilidad.

Refiere que durante los sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peñao Nieto y Andrés Manuel López Obrador continuaron las desaparicionesen México, mientras que autoridades de los tres órdenes de gobierno también son responsables de esta situación, ya sea por colusión u omisión ante las desapariciones cometidas por la delincuencia organizada, su falta de interés para prevenir, investigar y terminar con la impunidad en estos casos

En el documento de agosto de 2025 también se solicitó al Comité de la ONU la creación de una Comisión de Esclarecimiento Histórico que identifique los patrones y recomiende acciones para encarar el fenómeno.

Además de comunicar a la Corte Penal Internacional la información recabada por el Comité y los indicios fundados para aplicar el artículo 34 de la Convención en el caso mexicano, a fin de iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad de acuerdo con el Estatuto de Roma.

Aunque no dio respuesta al informe suscrito por más de 350 ONG, académicos, activistas y familiares de las víctimas, la CNDH decidió arremeter este sábado en contra del Comité de la ONU porque, según la comisión, “optó por atender la opinión sesgada de organizaciones como el Centro Prodh”, al que criticó “porque le pareció más viable acudir a solicitar ayuda al exterior”.