Revelaciones entre cantinfleada y cantinfleada. Los enredos cantinflescos de la ministra María Estela Ríos González para avalar la defección del ex Poder Judicial de su deber de proteger a ahorradores y cuentahabientes, terminaron acaso revelando las intenciones oficiales de la resolución de la Corte que le entregó al Ejecutivo una nueva potestad. Podrá bloquear, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cuentas bancarias sin orden judicial y con sólo abrigar sospechas sobre movimientos de los particulares. Ya había historias según las cuales López Obrador ordenaba a la UIF congelar cuentas de adversarios y de personajes a manera de extorsión, para obligarlos a obedecer órdenes despóticas. Ahora, el poder político se extiende sobre los recursos financieros de los particulares, sin trabas ni trámites, ni siquiera ante un sistema judicial capturado.
La confiscación como limitación. Segura devota de don Mario Moreno, la ministra se metió en un berenjenal al hablar del derecho de propiedad y sus limitaciones, que quedan ahora, en materia de cuentas bancarias y de inversión, a merced de una sospecha de la autoridad, sin la garantía de un mínimo discernimiento jurídico que autorice el congelamiento de fondos. En las dictaduras, del congelamiento sigue la confiscación, que, en la deriva los extravíos de la ministra, podrían ser simples limitaciones al derecho de propiedad.
A bloquear llaman. El desdén de la ministra al derecho de propiedad: “No es un derecho universal”, dijo entre nuevos tumbos y cantinfleos, alcanzó una cumbre más para conectar con una de las justificaciones más socorridas de las peores aberraciones de López Obrador. Entre la ignorancia y el cultivo del resentimiento social, prosiguió la ministra con aquello de que (al fin y al cabo) no todos disfrutan del derecho de propiedad, “porque no todos tienen una cuenta bancaria que podría ser bloqueada”. A bloquear llaman.
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