En la “época neoliberal” –esa que felizmente ya dejamos atrás, según el credo morenista– un dirigente político prometió, en diversas oportunidades, algo que muchos mexicanos creíamos indispensable: “Vamos a hacer –decía– que los organismos de defensa de derechos humanos de Naciones Unidas y de otros países puedan entrar a México a ayudar; no se le va a cerrar la puerta a nadie… Todas las organizaciones de derechos humanos pueden entrar al país. Son bienvenidas. Hicimos el compromiso con las Naciones Unidas. La ONU va a ser siempre consultada. Vamos a pedir apoyo a la ONU para lo que tiene que ver con transparencia y con derechos humanos…”
Ese político era Andrés Manuel López Obrador, líder supremo de Morena y maestro y guía de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ahora –muy lejos de pedir apoyo a la ONU– rechaza tajantemente el informe de este organismo que señala que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas en un grado que deben considerarse ya como crímenes de lesa humanidad.
¿Dónde quedó la promesa del máximo líder morenista en cuyo gobierno el número de personas desaparecidas aumentó un 64% respecto al sexenio de Enrique Peña Nieto y hasta un 250% en comparación con el de Felipe Calderón?
Sheinbaum no sólo rechazó el informe de la ONU esgrimiendo varias mentiras (como esa, flagrante y grosera, donde dice que este reporte utiliza datos de unos cuantos estados y que se refieren a los gobiernos anteriores… al de su jefe, se entiende), sino que incluso desconoce que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) forme parte de la ONU.
También, según la presidenta, “en los estatutos de esta propia comisión, en los estatutos de Naciones Unidas, en la caracterización que hacen de la desaparición forzada, que es aquella que viene del Estado mexicano o de cualquier Estado, de cualquier país del mundo, para desaparecer personas por motivos principalmente políticos, el análisis que hacen ellos queda fuera de esta caracterización que tiene la Organización de las Naciones Unidas y la propia comisión”.
La mandataria supone, pues, que la desaparición forzada –lo mismo que la noción de crímenes de lesa humanidad– no aplica en México porque no es el Estado el que la practica y no es por motivos políticos. Pareciera, pues, que la señora presidenta quiere consolarnos con la idea de que no es el Estado (como en Ayotzinapa, según dijeron ella y los morenistas en su momento) el que ejecuta las despariciones, sino que son obra exclusiva del crimen organizado.
Con su aversión consuetudinaria a la evidencia de los hechos, la presidenta no encuentra ninguna relación entre los desaparecidos por el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, y el exgobernador Adán Augusto Santiago, su protector político, socio y amigo. Nada que ver con Ayotzinapa, ningún contubernio entre el poder político y los criminales, ¿verdad?
Para vergüenza de este gobierno, ha tenido que ser la ONU la que lo diga puntualmente: el altísimo número de desapariciones en el país, junto con los indicios de participación o tolerancia por parte de actores del Estado, constituyen crímenes de lesa humanidad.
A nivel global, México enfrenta la mayor crisis forense y de personas desaparecidas en términos de casos acumulados y los que se suceden a diario. Ha dejado muy atrás experiencias traumáticas como las de las dictaduras de Chile y Argentina, pero eso no horroriza al gobierno morenista. Sería hora de pedir, con urgencia, ayuda internacional, pero la señora presidenta ha preferido seguir mientiendo y convertir a la ONU en un organismo “tendencioso”, un nuevo “enemigo” de los “humanistas” de la 4T.
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