Causa en Común
Existe en nuestro país una ley llamada ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) que, entre otras cosas, trata sobre el desarrollo de las policías. Se trata, como tantas otras leyes, de un listado de propósitos sin ningún sustento ni consecuencia en la realidad. Causa en Común ha trabajado para recopilar algunas de las carencias más notorias que padecen las policías, principalmente a partir de información proporcionada por las propias corporaciones.[1]
Para empezar, no se conoce el número de policías locales con que cuenta el país, pues diversas corporaciones no contestan esta pregunta en las solicitudes de información. La única aproximación pública proviene de los censos del INEGI: en 2024 se reportaron alrededor de 120 mil policías estatales, cifra distorsionada por la ausencia de datos de la Ciudad de México, la entidad que cuenta, por mucho, con el mayor número de elementos.
En el ámbito municipal, en 2024 la cifra fue de aproximadamente 155 mil policías, la cifra más baja desde 2010. A ello se suma que al menos 516 municipios —21% del total— no cuentan con policía.[2] Es decir, sabemos que no contamos con suficientes policías a nivel nacional, pero no sabemos con cuántos sí contamos.
Entrando a cuestiones cualitativas, cuál es el estado que guardan las corporaciones, la carrera policial es uno de los indicadores más claros del rezago. En 21 de las 32 policías estatales no existen descripciones de puestos ni reglas claras de promoción, y sólo 17 cuentan formalmente con un servicio profesional de carrera. Naturalmente, sin carrera policial no puede desarrollarse la profesionalización y no existen incentivos para la permanencia, como no sean éstos los de la necesidad extrema o las expectativas de corrupción.
Las deficiencias en formación son igualmente evidentes. La mayoría de las academias carece de diagnósticos de necesidades de capacitación y de mecanismos para la actualización de planes de estudio. Incluso indicadores básicos como la eficiencia terminal presentan absurdos, como presentar más egresados que aspirantes.
El régimen disciplinario es otro punto crítico. Aunque debería garantizar la prevención y sanción de conductas indebidas, en la práctica es débil o inexistente. Prácticamente ninguna policía estatal cuenta con los instrumentos necesarios, y en el ámbito municipal sólo 152 de 1,898 corporaciones tienen unidades de asuntos internos.[3] En estas condiciones no puede existir un control interno real ni rendición de cuentas.
En materia de certificación, los datos muestran inconsistencias relevantes. En 2024, el 74% de policías estatales y el 63% de municipales contaban con el certificado único policial, que incluye los exámenes de control de confianza.[4] No sólo el resto de los policías no cuentan con el certificado ni con los exámenes aprobados, sino que en algunos casos, los elementos que no aprueban controles de confianza no son dados de baja. Lo anterior significa que el certificado y los exámenes no son realmente indispensables para cobrar como policía.
Las condiciones salariales ya no sorprenden. Aunque se ha estimado que un salario “digno” promedio sería de alrededor de $17 mil pesos mensuales[5], en el ámbito estatal el 13% gana menos de $10 mil y, en el municipal, el 55% percibe menos de $15 mil.
En cuanto a seguridad social, el 92% de policías estatales tendría acceso a servicios de salud mientras que, en el ámbito municipal, esta proporción caería a un 53%.[6] Las prestaciones complementarias a que tienen derecho por ley y en muchos casos por jugarse la vida, son limitadas o inexistentes. A ello se suman jornadas laborales absurdamente extensas, en no pocas ocasiones de 24 por 24 horas.[7]
En relación con la infraestructura para entrenamiento, hacen falta evaluaciones puntuales para identificar y atender las deficiencias en las corporaciones municipales, pero menos de la mitad cuenta con servicios esenciales. Por ejemplo, en 2024 únicamente 805 de las 1,898 corporaciones municipales registradas por el INEGI reportó contar con comedor, 743 reportó contar con dormitorios, 195 reportaron contar con áreas deportivas, y 183 reportaron contar con consultorio médico.[8]
En el caso de las policías estatales, persisten carencias críticas en infraestructura básica para la formación y operación. Destaca que entidades como Chihuahua, Nayarit, Puebla y Tamaulipas reportaron no contar con instalaciones para la práctica de tiro, mientras que al menos seis estados carecen de pista de manejo policial.
A ello se suma que varias entidades —entre ellas, Puebla, Tamaulipas y Tabasco— afirman no disponer de casa táctica para simular operativos, o pista para entrenamiento. Estas carencias evidencian que, incluso en funciones elementales como el uso de la fuerza, la conducción de vehículos o la preparación física, las policías operan sin condiciones mínimas estandarizadas.
En cuanto a equipamiento, sólo 21 corporaciones estatales transparentan el equipo de protección para su personal: placas para los chalecos antibalas, cascos balísticos, escudos y patrullas blindadas; de estas corporaciones, sólo 18 cuentan con placas, 13 con escudos y ocho con vehículos blindados. En el ámbito municipal, sólo el 32% de los policías municipales cuenta con chaleco antibalas y el 24% con arma de fuego.[9]
Todas estas deficiencias son el resultado de presupuestos que en nada responden a la inseguridad que vive el país. Durante años, los recursos federales a estados y municipios se canalizaron a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y del subsidio municipal, primero SUBSEMUN y posteriormente FORTASEG. Sin embargo, durante el gobierno de López Obrador, en 2021 se eliminó el FORTASEG.[10]
Hasta 2023 se creó el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública (FOFISP), con una cuarta parte de los recursos que antes incluía FORTASEG. En 2026, el FOFISP recibió poco más de $1 MMDP y el FASP casi $10 MMDP. El presupuesto para la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana fue de poco más de 60 MMDP en 2026. En contraste, el presupuesto asignado a las Fuerzas Armadas ascendió a más de $236 MMDP.[11]
Aunque es patente que las Fuerzas Armadas no sirven para la mayoría de las necesidades y situaciones relacionadas con la seguridad pública, no sólo se les presupuestos desmesurados a la luz de los que reciben todas las policías del país (más los que controlan a través de la dirección de diversas instituciones civiles), sino que actualmente 13 entidades tienen titulares de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas, lo que desplaza a cuadros civiles y violenta los sistemas también civiles de carrera policial, cuando los hay.[12]
La fragilidad institucional que todo lo anterior acredita resulta, no sólo en mayor inseguridad, sino en una creciente inconformidad al interior de las corporaciones. Desde 2018 se han registrado múltiples movilizaciones policiales por bajos salarios, falta de prestaciones y abusos laborales.
Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se registraron al menos 463 movilizaciones de policías, incluyendo paros, manifestaciones y emplazamientos a paro, abarcando la mayoría de los estados del país. En los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han registrado 73 movilizaciones de policías, 64% más que las registradas en el mismo periodo del gobierno anterior.[13]
En síntesis, las policías sobreviven entre números insuficientes de elementos, con bajos salarios y prestaciones endebles o inexistentes, sin carrera profesional en muchos casos y con formación deficiente en la mayoría de los casos, con faltantes graves en infraestructura y equipamiento. Y así los mandan a combatir a la delincuencia. Por eso, entre octubre de 2024 y febrero de 2026, pudieron asesinar al menos a 517 agentes, asesinatos que en su mayoría quedan impunes.[14] Además de a sus familias, ¿a quién le importa?
Referencias
[1] El artículo analiza aspectos del subdesarrollo de las corporaciones locales (estatales y municipales), que representan la mayor parte de las policías del país. No se incluyen a policías federales ni a Guardias Nacionales, militares habilitados como policías. Excepto cuando se indique otra fuente, la información en el presente artículo proviene del estudio de Causa en Común (2025) Informe Nacional de Transparencia sobre el Desarrollo de las Instituciones de Seguridad Pública, Penitenciarias y de Procuración de Justicia. Disponible en: https://acortar.link/raA0va
[2] Descontando las 16 alcaldías de la Ciudad de México, hay un total de 2,462 municipios en el país. Según la explicación del INEGI, 90 municipios reportaron haber delegado la función de seguridad pública a autoridades estatales o federales. Por su parte, otros 403 municipios reportaron haber delegado la función de seguridad pública a un cuerpo comunal. Finalmente, en 23 municipios ninguna instancia gubernamental, ni tampoco ningún cuerpo comunal, realizan labores de seguridad pública. Véase: INEGI (2025), Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal. Disponible en: https://acortar.link/mkXa9T
[3] Relativo al régimen disciplinario, el único dato destacable para el ámbito municipal proviene de INEGI. De acuerdo con esta fuente, solo 152 policías municipales, de las 1,898 corporaciones registradas en todo el país, reportaron contar con una Unidad de Asuntos Internos formalmente constituida. Véase: INEGI (2026), Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México. Disponible en: https://acortar.link/XRdjv3
[4] INEGI (2025), op. cit.
[5] SESNSP, Comisión Nacional de Salarios Mínimos (2024), Propuesta de salario digno para policías. Disponible en: https://bit.ly/3XbRpyc
[6] Véase: INEGI (2025), op. cit., e INEGI (2026), Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2026 (con información correspondiente a 2024).
[7] De acuerdo con estándares internacionales, la jornada policial no debe exceder de las ocho horas. Véase: Causa en Común (2018), Jornadas laborales de la policía en México. Disponible en: https://acortar.link/ZyxoMK
[8] Véase: INEGI (2026), óp. cit.
[9] INEGI (2026), Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2026 (con información correspondiente a 2024).
[10] Véase: Causa en Común (2025), Las policías en México: Radiografía de un retraso crónico (2018–2025), con base en datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (2007–2026).
[11] Véase: Causa en Común (2025), Ídem.
[12] Causa en Común. (2026). Sexto informe del Observatorio de la Militarización en México [manuscrito no publicado].
[13] Véase: Causa en Común (2025), Las policías en México: Radiografía de un retraso crónico (2018–2025), con base en datos del Presupuesto de Egresos de la Federación (2007–2026).
[14] A partir del monitoreo de notas periodísticas elaborado por Causa en Común (2018-2025).
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