Este 30 de abril, poco más de cuatro millones de contribuyentes personas físicas habrán presentado ante el Servicio de Administración Tributaria su declaración anual del Impuesto sobre la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Se trata principalmente de asalariados con ingresos superiores a 400 mil pesos anuales o con dos o más empleadores, así como de arrendadores, profesionistas y personas con actividad empresarial. De acuerdo con el Anexo del Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al cuarto trimestre de 2025, el universo de cumplimiento efectivo se integra por alrededor de tres millones de personas físicas sin actividad empresarial y poco más de un millón con actividad empresarial, que en conjunto suman cerca de 4.1 millones de declaraciones procesadas con éxito.
El contraste se vuelve más evidente al observar el otro extremo del Estado fiscal. Mientras apenas unos cuatro millones de contribuyentes personas físicas participan activamente en el ISR, los registros del INEGI sobre programas sociales indican que alrededor de 17 millones de hogares reciben transferencias monetarias directas del gobierno federal. La relación entre hogares beneficiarios y contribuyentes activos revela una asimetría central del contrato social mexicano: un Estado que redistribuye recursos de manera amplia, pero que recauda de forma estrecha, apoyado en una base productiva, salarial y contributiva limitada.
Los datos del IMSS añaden un matiz relevante. Al cierre del primer trimestre de 2026 se contabilizaron 22.7 millones de empleos formales. Estos trabajadores generan ISR de manera principalmente pasiva, mediante retenciones automáticas que el empleador entera al fisco. Para la mayoría, la relación tributaria no surge de una decisión individual consciente, sino de un mecanismo administrativo previo al ingreso, lo que debilita la noción de corresponsabilidad fiscal.
El salario base de cotización promedio asciende a 663.5 pesos diarios, más del doble del salario mínimo vigente. Sin embargo, cerca de 40% de los trabajadores formales percibe ingresos inferiores al umbral anual que obliga a presentar declaración. Se configura así una amplia zona intermedia: personas insertas en la formalidad laboral, pero sin una experiencia directa de ciudadanía fiscal ni una participación activa en el sistema tributario.
El problema central no es únicamente de tasas impositivas ni de capacidad de fiscalización, sino de una restricción estructural de la base gravable. México recauda ISR de personas morales en niveles cercanos al promedio de la OCDE, alrededor de 3.9% del PIB, pero en personas físicas apenas alcanza 3.7%, frente a más de 8% en economías desarrolladas. Esta diferencia equivale a varios puntos del PIB que no se recaudan porque una mayoría de adultos no participa activamente en el sistema tributario.
A esta limitación se suma un factor poco atendido en el debate fiscal: la reducida masa salarial. En México, la remuneración de los asalariados representa poco más de una cuarta parte del PIB, mientras que en países como España supera la mitad. Este rezago no es solo distributivo; tiene consecuencias fiscales directas. Con salarios bajos y una menor participación del trabajo en el ingreso nacional, la capacidad recaudatoria del ISR personal es, por definición, limitada.
Ello remite a un desafío de fondo: la productividad. Sin aumentos sostenidos en productividad resulta inviable elevar salarios reales de forma generalizada ni incorporar a estratos más amplios de la población a un régimen tributario significativo. La discusión fiscal no puede desligarse de la política económica, la inversión productiva, la formalización y el crecimiento del valor agregado.
La eficiencia operativa del SAT ha mejorado de forma notable. No obstante, incluso la propia autoridad reconoce que la fiscalización sobre una base estrecha ofrece rendimientos decrecientes. Aun con incrementos graduales en el número de declaraciones anuales, los avances resultan insuficientes para modificar de manera sustantiva el patrón de baja participación tributaria.
Cerrar la distancia frente a países donde la mayoría de los adultos declara impuestos no se logrará con más auditorías ni con ajustes marginales. Requiere ampliar la base contributiva, elevar la productividad, pagar mejores salarios y mejorar la calidad del gasto público. Solo así podrá sostenerse un contrato social funcional, en el que contribuir sea una consecuencia natural de participar en una economía más productiva y equitativa, y no una obligación excepcional reservada para unos cuantos.
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