La CIDH señaló que la renovación del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo “en un contexto de polarización y un alto nivel de litigiosidad”
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La CIDH señaló que la renovación del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo “en un contexto de polarización y un alto nivel de litigiosidad”
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la reforma al Poder Judicial en México, la falta de aptitud de los candidatos y la posibilidad de que se repita el uso de “acordeones” para inducir el voto en la elección de 2027.
En su balance anual, afirmó que uno de los principales desafíos es la consolidación de la institucionalidad democrática en el país, a través de las personas juzgadoras electas en las urnas mediante mecanismos que realmente garanticen la independencia judicial.
Respecto a la legitimidad de este proceso, cuestionó la baja participación electoral, el alto número de votos nulos, la premura con la que se llevó a cabo y que las candidaturas fueron postuladas por los tres poderes del Estado.
En su Informe Anual 2025, la CIDH advirtió que los comicios judiciales del 1 de junio de 2025, en la que se votó por ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces federales, no se realizó en el momento más adecuado.
Por el contrario, señaló que la renovación del Poder Judicial de la Federación se llevó a cabo “en un contexto de polarización y un alto nivel de litigiosidad”.
De acuerdo con el más reciente balance de CIDH, la elección -en la que se designaron 881 cargos federales- registró una participación de apenas entre 12.57% y 13.32% del padrón electoral.
El organismo de derechos humanos de la OEA refirió que la escasa votación ocurrió a pesar de que el Estado mexicano reportó que las candidaturas fueron postuladas por los tres poderes y evaluadas con criterios técnicos “en un proceso abierto a la sociedad”.
A ello se suman informes documentados por medios y organismos como la ONU sobre el uso de los llamados “acordeones” o guías de votación que habrían influido en la decisión de los electores.
La CIDH recordó que la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la Independencia de los Magistrados y Abogados incluso pidió prohibir su distribución en la elección prevista en 2027 al considerar que pueden comprometer la autonomía del voto.
Indicó que organizaciones civiles han revelado consecuencias negativas de la reforma judicial. El Centro Prodh documentó retrasos en la resolución de casos, especialmente aquellos relacionados con personas privadas de la libertad, derivados de los cambios en el personal judicial, además de que no se ha retirado la figura de jueces sin rostro.
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