La lista incluye nueve funcionarios de su gobierno, entre los que destaca Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, y Enrique Inzunza Cazares, actual senador por Morena
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La lista incluye nueve funcionarios de su gobierno, entre los que destaca Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado, y Enrique Inzunza Cazares, actual senador por Morena
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente este miércoles al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos directos con el Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, y el jefe de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA), Terrance Cole, los servidores públicos habrían traicionado su posición de confianza para facilitar el tráfico masivo de drogas.
“Los acusados son todos los funcionarios gubernamentales y encargados de hacer cumplir la ley actuales o anteriores de alto rango en el Estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y supuestamente se han asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir cantidades masivas de narcóticos a Estados Unidos”, se lee en la nota informativa.
Los cargos en contra del gobernador sinaloense son conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivo. Las penas van de 40 años de prisión a cadena perpetua.
La acusación señala que Rocha Moya fue elegido gobernador de Sinaloa, cargo que ha ocupado desde el 1 de noviembre de 2021, luego de que Los Chapitos supuestamente lo ayudaran a ser elegido, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos mientras distribuían grandes cantidades de drogas a Estados Unidos”, dice.
Las autoridades estadounidenses indicaron que como gobernador, permitió que Los Chapitos operaran con impunidad en Sinaloa.
La lista de acusados –liderada por Rocha Moya– incluye funcionarios que prestaron o actualmente se encuentran en cargos públicos:
El fiscal Clayton afirmó que "el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo”.
Sostuvo que el apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar: “Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”.
En la acusación formal, se expone que cada uno de los imputados participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el Cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
Sobre Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del estado, las autoridades estadounidenses indicaron que recibía 11 mil dólares mensuales de Los Chapitos. Mientras que Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de alto rango de la policía municipal de Culiacán, es relacionado con el secuestro y asesinato de un informante de la DEA y de un familiar.
En este contexto, el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, difundió un comunicado en el que afirmó que su gobierno da seguimiento al caso.
"Hay algo claro: la corrupción que facilita el crimen organizado y perjudica a ambos países será investigada y procesada en todos los casos en que aplique la jurisdicción de los Estados Unidos’" advirtió.
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