Ulises Lara López, explicó que la autoridad federal debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la Constitución y las leyes aplicables
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Ulises Lara López, explicó que la autoridad federal debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la Constitución y las leyes aplicables
La Fiscalía General de la República (FGR) inició una investigación formal tras ser notificada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de solicitudes de extradición emitidas por el gobierno de Estados Unidos, en las que presuntamente se menciona al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a personas de su entorno cercano.
El fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, Ulises Lara López, explicó que, como en cualquier procedimiento internacional, la autoridad federal debe ceñirse estrictamente a lo establecido en la Constitución y las leyes aplicables.
En ese sentido, detalló que la FGR analizará la documentación remitida para determinar si existen elementos probatorios suficientes que justifiquen la viabilidad de las solicitudes.
De acuerdo con lo expuesto, señaló, el inicio de la investigación tiene como objetivo verificar si hay datos de prueba que permitan inferir la posible comisión de un delito por parte de las personas señaladas y, en consecuencia, establecer si el gobierno estadounidense cuenta con fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión.
Lara subrayó que no basta con señalamientos: "la legislación mexicana exige la presentación de pruebas que sustenten la probabilidad de responsabilidad penal". En caso de que dichas pruebas sean insuficientes, la solicitud podría ser desestimada. Sin embargo, si se determina que existen elementos sólidos, el proceso avanzaría conforme a derecho, añadió.
En el caso específico de Rubén Rocha Moya, cualquier acción penal estaría condicionada a la realización de un juicio de procedencia —conocido como desafuero—, mecanismo constitucional que permite retirar la inmunidad a servidores públicos para que puedan enfrentar cargos ante la justicia.
El funcionario también advirtió que la solicitud de Estados Unidos incluía la petición expresa de mantener la información bajo carácter confidencial, conforme a la Convención de Viena, con el fin de no comprometer el desarrollo de posibles procedimientos penales. La divulgación indebida, señaló, podría afectar el debido proceso.
Finalmente, reiteró que todas las actuaciones deberán apegarse al marco legal vigente. “Al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”, enfatizó, al señalar que cualquier decisión deberá sustentarse en pruebas y respetar el Estado de derecho.
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