El mandatario estatal afirmó que su decisión responde a la intención de facilitar cualquier proceso de revisión; rechazó las acusaciones en su contra, las cuales calificó como “falsas y dolosas”
El mandatario estatal afirmó que su decisión responde a la intención de facilitar cualquier proceso de revisión; rechazó las acusaciones en su contra, las cuales calificó como “falsas y dolosas”

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, solicitó licencia temporal al cargo la noche del 1 de mayo, en medio de señalamientos que derivan de información judicial dada a conocer por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Manhattan.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, el mandatario estatal afirmó que su decisión responde a la intención de facilitar cualquier proceso de revisión o esclarecimiento, al tiempo que rechazó las acusaciones en su contra, las cuales calificó como “falsas y dolosas”; no obstante, trascendió que conservará el fuero.
“Informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de gobernador, mientras dure el proceso de investigación… lo hago con la finalidad de facilitar la actuación de las autoridades mexicanas”, señaló.
De acuerdo con la información referida, los señalamientos provienen de documentos judiciales en Estados Unidos que mencionan a un grupo de 10 personas, entre funcionarios y exfuncionarios mexicanos. Entre ellos se encuentra Rocha Moya, así como el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez.
En dichos documentos, se les vincula por presuntas relaciones con el grupo criminal conocido como Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción denominada “Los Chapitos”.
En este contexto, Juan de Dios Gámez anunció que también solicitará licencia a su cargo como presidente municipal de Culiacán, en un movimiento paralelo al del gobernador sinaloense.
Hasta el momento, no se han dado a conocer imputaciones formales en tribunales mexicanos contra los funcionarios mencionados e incluso la Fiscalía General de la República declaró esta tarde que exigirán elementos de prueba a las autoridades estadounidenses.
El Congreso de Sinaloa deberá resolver la solicitud de licencia presentada por el titular del Ejecutivo estatal, mientras que en el ámbito municipal se prevé un procedimiento similar para la separación temporal del alcalde de la capital.
La situación ocurre en un momento de alta tensión política y coloca bajo escrutinio a parte de la clase gobernante de la entidad, a partir de los señalamientos contenidos en el ámbito judicial estadounidense.
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