La opción es comportarse como jefa de Estado –así sea, ¡ay!, un Estado que ha dejado de ser democrático y en el que la división de poderes es ahora una entelequia–, o como jefa de una mafia de malandrines coautores, cómplices o encubridores de los grupos criminales que extorsionan, despojan, secuestran, torturan, perpetran desapariciones forzadas, trafican con sustancias prohibidas y asesinan.
¿De qué lado está su lealtad? Pruebas, sí, toda acusación debe sustentarse en pruebas, esas que no han sido necesarias para calumniar a periodistas independientes o para perseguir penalmente con imputaciones grotescas a muchas personas, incluidos científicos prestigiados, o para, so pretexto de corrupción, asfixiar a organizaciones de la sociedad civil, destruir un aeropuerto de clase mundial, eliminar fideicomisos y vetar a farmacéuticas.
Pruebas. Sólo mencionaré las que en México son públicas y notorias. ¿Ya no se acuerdan la presidenta y su fiscal general que en Sinaloa, en la elección en la que resultó elegido Rubén Rocha Moya, se secuestró a candidatos y representantes de casilla, y se intimidó a votantes, lo que, de acuerdo con la solicitud de extradición, fue recompensado por el gobernador con complicidad y encubrimiento de gravísimos crímenes? ¿Ya no recuerdan que la Fiscalía de Justicia del estado encubrió el asesinato de Héctor Melesio Cuén, ofreciendo una versión falsa sin que hubiese consecuencia jurídica alguna por esa falsedad? Ese crimen ocurrió, reveló El Mayo Zambada, en el lugar en el que la víctima había acudido a un encuentro con el gobernador.
¿Soberanía? ¡Soberanía, cuántos crímenes se cometen en tu nombre! Ese concepto sacrosanto ha servido a dictadores de toda laya para alegar que nadie debe inmiscuirse en los asuntos de su país, y con esa coartada se sienten en completa libertad para encarcelar opositores y manifestantes pacíficos, torturarlos y asesinarlos con total impunidad. Ahora esa noción ha funcionado para encubrir a narcopolíticos: que nadie se meta con ellos; serán unos criminales, pero son nuestros criminales.
¿Soberanía en un país en cuyas dos terceras partes del territorio impone su ley salvaje el crimen organizado colocando y sometiendo autoridades y sujetando a los habitantes al horror cotidiano? Pero, además, la petición de extraditar a un presunto delincuente en modo alguno es violatoria de la soberanía del país al que se hace la petición, sino un trámite que sirve precisamente para respetar esa soberanía.
Recomendar Nota
