En medio de un grave desabasto y diversas protestas cada vez más violentas, la figura de Evo Morales, indiciado por diversos delitos, entre ellos pederastia, aparece como el principal instigador de la crisis
El gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta su mayor desafío político y social a solo seis meses de asumir el poder, arrastrado por una ola de protestas, desabastecimiento generalizado y pedidos de renuncia que mantienen al país en una virtual parálisis.
Desde hace más de diez días, Bolivia registra bloqueos en casi 70 puntos de rutas estratégicas. La Central Obrera Boliviana (COB), sindicatos campesinos y sectores mineros lideran las medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y un freno a la severa escasez de combustible.
Las dos semanas de cortes de carreteras han estrangulado los accesos a La Paz, provocando el desabastecimiento de los mercados locales. La situación más crítica se vive en el sistema de salud: los hospitales se han quedado sin reservas de oxígeno medicinal.
Según informes oficiales del gobierno, la falta de auxilio médico oportuno debido a los bloqueos ya se ha cobrado la vida de tres personas. Ante el agravamiento de la crisis, el gobierno ordenó este sábado un despliegue conjunto de efectivos policiales y militares en distintas zonas del territorio nacional con el objetivo de liberar las vías tomadas por los manifestantes.
Los operativos ocurren luego de que las protestas se tornaran violentas al cierre de la semana, registrándose fuertes enfrentamientos entre la policía y los mineros. En la sede de gobierno, contingentes de la Policía Boliviana vigilan de cerca las movilizaciones de la COB en las inmediaciones de la Plaza Murillo, epicentro del poder político del país, donde la tensión administrativa y social va en aumento.
La crisis actual refleja una compleja fragmentación de demandas sectoriales. La Central Obrera Boliviana (COB) exige incrementos salariales inmediatos; los sindicatos campesinos demandan el abastecimiento urgente de gasolina y diésel.
Mientras tanto, los mineros negocian de forma separada el acceso a nuevas áreas de explotación, y los maestros reclaman mejoras en sus sueldos y condiciones laborales.
El mandatario Rodrigo Paz asume esta tormenta social en una posición de alta vulnerabilidad política. El Ejecutivo no cuenta con mayoría en la Asamblea Legislativa ni posee la estructura de un partido político fuerte que le brinde respaldo institucional.
En los últimos días, diversos sectores civiles y sindicales han comenzado a exigir la renuncia del jefe de Estado. El Ejecutivo atribuye el conflicto a motivaciones políticas externas a las demandas laborales.
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, afirmó que el pliego petitorio ha sido atendido en gran medida conforme a la realidad económica del país, y denunció la existencia de “fuerzas oscuras que buscan desestabilizar la democracia”, apuntando directamente a la influencia del expresidente Evo Morales (2006-2019).
Por su parte, el presidente Paz ha reiterado ante la opinión pública que su administración heredó un "estado quebrado", limitando el margen de maniobra fiscal para responder a las exigencias financieras de los sindicatos.
El exmandatario Evo Morales, indiciado por diversos delitos, entre ellos pederastia, también se ha hecho notar en la coyuntura y acusó a Rodrigo Paz de “tergiversar la voluntad popular” en las más recientes elecciones a gobernador de La Paz.
“Que el pueblo –escribio en su cuenta de X– ejerza su derecho a la libertad de expresión y protesta no es un ataque a la democracia. Un ataque es criminalizar ese derecho con falsas acusaciones, infiltrados violentos, incentivos para los represores, la división de organizaciones con privilegios y campañas mediáticas sucias que incitan a la confrontación entre hermanos y hermanas, utilizando retórica de odio y racista”.
Los críticos de Evo Morales lo acusan de enviar grupos de choque para cortar las calles, generar el actual caos de abasto y así evitar ir preso por los crímenes de los que se le acusa.
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