El petróleo siempre ha sido central para la economía mexicana y para las finanzas públicas. Desde la expropiación Pemex, más que una empresa (pública) tuvo el carácter de organismo público descentralizado con la función de financiar el desarrollo.
Desde su origen, los recursos generados por Pemex fueron orientados a complementar los ingresos públicos, financiar prioridades de gobierno y proveer de dólares al mercado cambiario, cuestiones ajenas a la de garantizar recursos para el desarrollo y capitalización del propio organismo.
Cabe recordar la discusión sobre el destino de los excedentes petroleros de principios de siglo cuando se limitó el uso discrecional de los excedentes que hacía la SHCP, para normar su distribución para fines de inversión de la empresa, de las entidades federativas, para atender desequilibrios fiscales a través de los fondos de estabilización.
También es necesario señalar que hasta hace un par de administraciones se le confirió el carácter de empresa pública del estado a Pemex (y CFE) con lo cual se buscó darle un margen para manejar sus excedentes y recursos para invertir en la infraestructura, capacidad y operación de la empresa.
Sin embargo, ante necesidades presupuestarias del gobierno federal siempre ha estado presente la canalización de recursos para cubrir faltantes fiscales y para alcanzar el superávit primario (ingresos mayores al gasto sin considerar costos financieros).
El peso de los ingresos petroleros dentro del total de ingresos públicos siempre fue importante. En 2012, los ingresos petroleros representaron 39% del ingreso presupuestario (ingresos tributarios y no tributaros captados) del sector público federal. En ese sexenio se planteó despretrolizar las finanzas públicas, con una reforma fiscal que elevaría el ingreso fiscal reduciendo la participación del ingreso petrolero.
De este modo, si en 2012 el petróleo aportaba 2/5 partes del ingreso, para 2018 representaba 1/5 parte. Para 2024 la participación se redujo aún más llegando a 13% y, en la actualidad se estima en 15 por ciento.
Esta reducción se explica no por un fortalecimiento de ingresos tributarios, sino por la caída de la producción. En 2012 fue de 2.540 millones de barriles diarios (mbd) y para 2026 se estima en 1.794 mbd,
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