Un amplio reportaje del diario The New York Times explica cómo era la red de corrupción entre las autoridades sinaloenses y Cártel de Sinaloa para garantizar impunidad
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Un amplio reportaje del diario The New York Times explica cómo era la red de corrupción entre las autoridades sinaloenses y Cártel de Sinaloa para garantizar impunidad
Un reportaje publicado por The New York Times documenta la existencia de una “arquitectura invisible de protección” dentro de distintos niveles del gobierno sinaloense que habría permitido al Cártel de Sinaloa operar desde 2021 con amplio margen de impunidad.
De acuerdo con testimonios de tres elementos operativos del propio grupo criminal a la reportera Paulina Villegas, este sistema incluía acuerdos económicos con autoridades para facilitar el tráfico de drogas y armas, así como la entrega de rivales por parte de fuerzas del orden.
“El pacto con las autoridades funcionaba así”, relataron miembros del cártel, quienes describieron el uso de palabras clave para atravesar controles de seguridad, así como la colaboración directa de agentes en operaciones criminales.
"Los agentes llevaron a cabo arrestos selectivos, rastrearon a nuestros rivales y nos los entregaron y, en algunos casos, participaron directamente en operaciones del cártel", según los entrevistados.
Fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusan al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a otros funcionarios de mantener una alianza con el cártel a cambio de sobornos y apoyo político. Según la acusación, la facción conocida como “Los Chapitos” habría intervenido en el proceso electoral de 2021 mediante intimidación, secuestro de candidatos y manipulación de votos para favorecer su triunfo.
A cambio, el gobierno estatal habría permitido la operación del cártel mediante la colocación de funcionarios corruptos en distintas áreas de seguridad. Pese a “más de 200 informes documentados de intimidación armada, robo de papeletas y secuestros de candidatos”, las autoridades electorales validaron los resultados.
Los testimonios recabados por el medio estadounidense indican que policías locales y estatales actuaban como “colaboradores fiables”, realizando arrestos selectivos, rastreando rivales y, en algunos casos, participando directamente en operativos del cártel. Incluso, algunos miembros del grupo criminal afirmaron haber participado en redadas oficiales vestidos con uniformes.
“Las fuerzas policiales locales en Sinaloa han servido efectivamente como guardaespaldas para los líderes del narcotraficante”, afirmó Guillermo Valdés, exjefe de inteligencia federal al NYT y actual articulista de La Aurora.
El reportaje también describe la existencia de un sistema de sobornos extendido a distintos niveles de gobierno y fuerzas armadas. Operativos señalaron que entregaban dinero en efectivo a mandos policiales y funcionarios, mientras que en retenes militares se permitía el paso de cargamentos tras mencionar claves como “verde, R8, delta”.
"Dos de ellos recordaron escoltar a los pagadores de los cárteles mientras entregaban bolsas de dinero estadounidense a mandos policiales y altos funcionarios estatales, incluido un exjefe de máxima seguridad", dice el testimonio recopilado por el diario.
Sus descripciones de las redes de protección que involucraban al cártel y a las autoridades locales fueron corroboradas por expertos, exfuncionarios y pruebas de casos penales pasados.
Las autoridades locales siguen ofreciendo cierta protección hoy en día, contaron los sicarios, aunque el acuerdo se ha debilitado debido a una guerra interna entre las facciones "Chapitos" y "Los Mayos" y a la represión de grupos criminales por parte de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Uno de los entrevistados resumió el nivel de control territorial al afirmar: “Estamos conectados por todas partes, desde arriba”.
Otro de los criminales entrevistados, de 28 años, dijo que trabaja con el cártel desde que tenía 13, y contó al NYT cómo esa cooperación del gobierno estatal se extendió a algunos miembros del Ejército.
En este contexto, especialistas señalan que la infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales ha sido un factor clave para su expansión.
En Culiacán, muchos residentes celebraron la acusación estadounidense contra el señor Rocha y los demás funcionarios como un ajuste de cuentas largamente esperado. Pero los trabajadores del cártel dijeron que perder la protección estatal que tenían con el gobernador con licencia, podría suponer un golpe fatal para su facción dentro del cártel. "Esto podría ser nuestro final", dijo uno.
En específico habló de la acusación contra Rocha en Estados Unidos y lo explicó así: "Cuando tienes un grupo que existe fuera del Estado, y es más fuerte que el propio Estado, es imposible que el Estado exista sin nosotros", sentenció el criminal.
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