La gobernadora de Sinaloa acusa a la Sedena de haber nombrado al general Mérida

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, deslindó a la administración del mandatario con licencia, Rubén Rocha Moya, del nombramiento del exsecretario de Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez.

La funcionaria aseguró ante medios de comunicación que la designación del general en retiro fue una instrucción directa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Las declaraciones de la mandataria ocurren tras confirmarse que Mérida Sánchez se entregó a las autoridades de Estados Unidos el pasado lunes 11 de mayo.

El exsecretario enfrenta acusaciones formales por presuntamente recibir sobornos mensuales de 100 mil dólares en efectivo de la facción de "Los Chapitos", perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Durante sus intervenciones el fin de semana, Bonilla Valverde remarcó que el gobierno local no tuvo injerencia en la selección del mando militar, quien operó en la entidad desde septiembre de 2023 hasta su renuncia en diciembre de 2024.

"Debe aclararse que el general Mérida no fue una decisión del exgobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena, que lo envía al estado de Sinaloa como secretario de Seguridad Pública", puntualizó la gobernadora interina.

Con este posicionamiento publicado por diversos portales informativos, la administración estatal busca romper vínculos de responsabilidad política con el militar procesado en una corte de Nueva York.

Presunta red de protección criminal

Según las investigaciones judiciales filtradas, el general en retiro percibía pagos ilegales recurrentes a cambio de protección gubernamental.

En 2023, Mérida Sánchez alertó de forma anticipada sobre al menos 10 redadas federales inminentes en narcolaboratorios y casas de seguridad.

Dichos avisos permitieron a los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán retirar personal, armamento y cargamentos de droga antes de las operaciones policiales.

Al ser cuestionada sobre el impacto de la captura de Mérida Sánchez y de Enrique Díaz Vega (extitular de Administración y Finanzas también bajo custodia estadounidense), la gobernadora afirmó que la situación jurídica de los exfuncionarios no afecta las operaciones del gobierno del estado.

La mandataria interina, quien asumió el cargo formalmente ante el Congreso del Estado de Sinaloa a principios de mayo tras la licencia de Rocha Moya, aclaró inicialmente que se enteró de las capturas por redes sociales y enfatizó que el seguimiento procesal le compete exclusivamente a las instancias del Gobierno Federal.