Ammon Blair, investigador senior de la Texas Public Policy Foundation, sostuvo que México opera bajo un esquema donde organizaciones criminales y estructuras gubernamentales cooperan en sectores económicos estratégicos
En la frontera sur de Estados Unidos ya no sólo se discute el tráfico de fentanilo, la migración irregular o la violencia de los cárteles. Ahora el debate político y de seguridad se desplazó hacia el ganado, las cadenas sanitarias y la capacidad del Estado mexicano para controlar su territorio.
La afirmación fue colocada en términos directos dentro del Comité de Agua, Agricultura y Asuntos del Campo del Senado de Texas. Ahí, Ammon Blair, investigador senior de la Texas Public Policy Foundation, sostuvo que México opera bajo un esquema donde organizaciones criminales y estructuras gubernamentales mantienen una “simbiosis consciente y voluntaria” en sectores económicos estratégicos.
“Texas no se enfrenta actualmente a la situación de un país vecino normal, donde los cárteles y elementos del gobierno mexicano operan en simbiosis consciente y voluntaria en importantes sectores económicos", aseguró el investigador.
La declaración es parte de la narrativa que comienza a consolidarse en sectores conservadores estadounidenses: la idea de que los cárteles dejaron de ser únicamente organizaciones dedicadas al narcotráfico para convertirse en actores con capacidad de controlar mercados legales, cadenas logísticas, procesos aduanales y circuitos comerciales binacionales.
El detonante de la discusión fue la expansión del gusano barrenador, una plaga que Estados Unidos erradicó hace décadas y cuya reaparición encendió alertas sanitarias y comerciales en Texas. Blair vinculó directamente el problema con las rutas de contrabando operadas por grupos criminales en México y Centroamérica.
Según su exposición ante el Senado texano, más de 800 mil cabezas de ganado provenientes de Sudamérica y Centroamérica cruzan hacia México mediante corredores controlados por redes criminales.
El ganado es incorporado después a circuitos comerciales formales mediante documentación veterinaria falsa, aretes de identificación alterados y redes de corrupción logística.
Blair sostuvo que los cárteles ya no sólo trafican drogas o personas, "también administran mercados legales y participan en cadenas económicas legítimas". En ese planteamiento, la frontera entre economía formal y economía criminal dejó de ser visible.
Washington endureció en los últimos años el discurso sobre seguridad fronteriza, mientras sectores republicanos impulsan una visión que equipara el control territorial de los cárteles con amenazas propias de organizaciones insurgentes. La designación de grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras es presión latente dentro del debate político estadounidense.
Al afirmar que México ocupa el primer lugar mundial en mercados criminales y el tercero en criminalidad general, el investigador trasladó el problema del terreno policial al de gobernabilidad estructural.
El señalamiento apunta a la capacidad del Estado mexicano para ejercer control efectivo sobre actividades económicas y corredores comerciales.
El gusano barrenador dejó de ser presentado únicamente como una contingencia veterinaria, de ahí que en el discurso del Senado texano aparece ligado a redes de tráfico humano, corrupción documental y control criminal de rutas regionales.
En el cierre de su intervención, Blair planteó que "ninguna política sanitaria, protocolo fronterizo o mecanismo de inspección será suficiente mientras Estados Unidos no intervenga directamente sobre las rutas de tráfico controladas por los cárteles" de México.
La declaración adquiere relevancia porque proviene de una organización con influencia creciente en el ecosistema conservador de Texas. La Texas Public Policy Foundation ha funcionado durante años como un centro de producción ideológica para legisladores republicanos, particularmente en temas de frontera, seguridad y soberanía estatal.
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