México tuvo ayer una mala tarde legislativa. En la Cámara de Diputados se aprobaron tres reformas que, lejos de fortalecer la democracia, abren nuevos flancos de incertidumbre, simulación y control político.
La primera fue la reforma constitucional para permitir la anulación de elecciones cuando se acredite intromisión extranjera. En principio, nadie puede estar en contra de proteger la soberanía nacional ni de impedir que actores externos financien, manipulen o distorsionen una contienda electoral. El problema está en la vaguedad del concepto y en el uso político que puede dársele.
En una economía abierta, integrada a América del Norte y expuesta todos los días a declaraciones, presiones, campañas, medios internacionales, redes sociales, empresarios, gobiernos y legisladores extranjeros, siempre habrá algún hecho que pueda invocarse como “intromisión”. Bastará una declaración de Donald Trump, una opinión de un presidente latinoamericano, una campaña digital desde el exterior o un pronunciamiento de algún organismo internacional para que un perdedor alegue que la elección fue contaminada.
La causal puede convertirse en un pretexto permanente para pedir la nulidad cuando convenga. Afortunadamente, el promotor Ricardo Monreal retiró -en el último minuto- la propuesta de legislación secundaria para una mayor deliberación, lo que significa que esta reforma no aplicará para la elección de 2027. Pero el problema no desaparece: apenas se pospone. Puede resurgir para 2030, cuando esté en juego la Presidencia.
La segunda reforma crea una comisión para revisar la integridad y los antecedentes de aspirantes a candidaturas. La intención es atendible: evitar que personas con vínculos criminales lleguen a las boletas. Pero la propuesta es superficial. No basta con revisar de dónde viene un candidato; hay que protegerlo cuando ya está en campaña.
Es como revisar que un coche salga del taller con frenos nuevos, llantas en buen estado y tanque lleno, pero luego mandarlo a una carretera tomada por asaltantes, sin patrullas, sin iluminación y sin auxilio. El problema ya no es si el coche estaba en buenas condiciones al salir; el problema es que nadie lo protege durante el trayecto.
Eso ocurre con los candidatos. Pueden tener una hoja limpia al registrarse, pero una vez en campaña pueden ser sobornados, cooptados, financiados ilegalmente o ejecutados por el crimen organizado. Y si aceptan, el crimen puede ayudarlos a ganar: moviliza votantes, amenaza opositores, intimida comunidades e incluso interviene en casillas. La comisión es una medida superficial: verifica la entrada, pero no blinda la competencia.
La tercera reforma es quizá la más reveladora: se abre la puerta para que magistrados electorales puedan reelegirse en 2028 y permanecer en el cargo hasta 2034. Cuatro de ellos fueron nombrados originalmente por seis o nueve años; ahora podrían terminar hasta 18 años en el cargo. Es una contradicción abierta con el discurso oficial de “limpiar” y renovar al Poder Judicial.
Morena debe ser congruente con lo que ha predicado. Como señaló el vicecoordinador de ese partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, si la reforma judicial se justificó en nombre de la renovación y la limpieza del Poder Judicial, resulta indefendible permitir que magistrados electorales nombrados originalmente por seis o nueve años puedan permanecer hasta 18 años en el cargo.
El Senado todavía puede corregir. O puede convalidar una mala tarde legislativa que debilita la certeza electoral, simula el combate al crimen y profundiza el control político del árbitro electoral.
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