El lunes 1 de junio se analizará el amparo de colectivos que impugnaron las omisiones del Congreso y de la presidencia, a los que pedían asignar presupuesto y atender a familias desplazadas
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) planea discutir el próximo 1 de junio un proyecto de la ministra María Estela Ríos que propone deslindar por completo al Estado mexicano de la crisis humanitaria de desplazamiento forzado en el país.
En su ponencia, argumenta que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “carecen de fuerza vinculante” y son sugerencias que el gobierno puede ignorar sin consecuencias jurídicas para México.
El lunes está previsto analizar el amparo en revisión 269/2025, mediante el cual colectivos impugnaron las omisiones del Congreso de la Unión de legislar en materia de desplazamiento forzado, así como del Poder Ejecutivo de crear un órgano especializado y asignar presupuesto para atender a miles de familias que ha tenido que huir de sus lugares de origen, víctimas de la violencia.
Ríos plantea negar el amparo bajo tres argumentos, mientras que especialistas advirtieron que, si el Pleno aprueba el proyecto en sus términos, la SCJN estaría eludiendo su responsabilidad histórica para frenar un grave retroceso humanitario y de derechos humanos generado por el desplazamiento forzado en territorio nacional,
Para consumar este deslinde gubernamental en torno a los desplazados, la ministra Ríos refiere que las recomendaciones de la CIDH sobre México no son vinculantes ni tienen el rango de obligatorias. Señala que los informes de 2013, 2015 y 2022 carecen de carácter de tratado internacional y de jurisprudencia, por lo que son sugerencias orientadoras sin ninguna consecuencia jurídica para autoridades mexicanas.
Sostiene ni la Constitución ni la Convención Americana de Derechos Humanos contienen un mandato suficientemente específico para que se legisle en materia de desplazamiento forzado interno.
El proyecto establece que una omisión legislativa solo se configura cuando existe un mandato constitucional o convencional "claro, expreso y específico", y que la mera ausencia de regulación, por grave que sea la problemática, carece de relevancia para el juicio de amparo si no se identifica un mandato literal.
Además, la ministra Ríos propone eximir al Poder Ejecutivo de cualquier responsabilidad institucional y financiera para atender la crisis.
Tras revisar las facultades de la Presidencia de la República, Gobernación y Hacienda, concluye que ninguna ley les obliga a crear una institución especializada en la protección de los desplazados ni a destinar un solo peso del presupuesto para su atención integral.
A su vez, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) advierte que se han documentado alrededor de 390 mil personas desplazadas internas desde 2016, con un incremento de 129% tan solo en 2024, según datos reportados por el Observatorio Internacional de Desplazamiento Interno.
Esta organización civil promovió el juicio de amparo indirecto ante la inacción gubernamental para atender las recomendaciones de la CIDH en 2013, 2015 y 2022, relacionadas con la negativa de adoptar una legislación federal en la materia, crear una institución encargada de proteger a las víctimas y destinar presupuesto para su atención integral.
Refiere que, frente a las omisiones legislativas e institucionales del Estado mexicano, el amparo en revisión 269-2025 ofrece a la SCJN la oportunidad de reconocer la obligación de México de atender una crisis humanitaria documentada, pero ignorada por más de una década.
“México tiene una deuda histórica con las personas desplazadas (…) el máximo tribunal del país tiene ahora la oportunidad de demostrar su compromiso con las personas en situación de mayor vulnerabilidad, reconociendo que la ausencia de un marco jurídico federal para atender esta crisis produce consecuenciales reales”.
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