La defensa de la soberanía se ha convertido en el eje de la respuesta presidencial frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos. Pero detrás del discurso emerge una pregunta inevitable: ¿qué riesgo intenta conjurar realmente el gobierno mexicano?
La presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado a la soberanía en el centro de la conversación pública en un momento particularmente delicado: mientras crecen las tensiones con el gobierno de Donald Trump y mientras autoridades estadounidenses mantienen investigaciones y solicitudes de extradición contra diversos actores políticos mexicanos presuntamente vinculados con organizaciones criminales.
La posición oficial parece clara. México rechaza cualquier intento de intervención extranjera en su vida política. Ningún país acepta que otro pretenda influir en la designación de sus gobernantes o condicionar el resultado de sus elecciones.
Sin embargo, esa explicación resulta insuficiente para entender la intensidad del discurso presidencial.
Estados Unidos no puede decidir quién gobierna México. Tampoco Donald Trump, como expresidente entonces, influirá directamente en la elección presidencial mexicana de 2030. La preocupación parece ubicarse en un futuro más cercano.
Las elecciones intermedias de 2027 renovarán gubernaturas, congresos locales, ayuntamientos y la Cámara de Diputados. Varias de esas contiendas ocurrirán en estados particularmente sensibles para la agenda estadounidense en materia de seguridad, migración y combate al narcotráfico.
Si las investigaciones continúan avanzando y alcanzan a figuras políticas relevantes, sus efectos serán inevitablemente políticos.
No porque Washington vote en México.
Sino porque toda investigación de alto perfil modifica percepciones públicas. Toda acusación contra un gobernador/a, un senador o una figura política prominente altera narrativas electorales. Toda sospecha de vínculos con el crimen organizado introduce incertidumbre en los cálculos políticos.
Quizá el temor presidencial no sea una intervención directa. Quizá sea por la influencia indirecta que pueden ejercer procesos judiciales desarrollados fuera del país sobre la política nacional. Si esta hipótesis es correcta, el problema deja de ser estrictamente jurídico. Se convierte en un problema de legitimidad.
Entonces aparece una contradicción difícil de ignorar.
Cuando Genaro García Luna fue detenido y posteriormente juzgado en Estados Unidos, el gobierno mexicano no cuestionó la competencia de los tribunales estadounidenses. Por el contrario, el juicio fue presentado como una confirmación de las denuncias formuladas durante años contra el exsecretario de Seguridad Pública. La narrativa era sencilla: si un funcionario mexicano cometió delitos en territorio estadounidense, corresponde a las autoridades estadounidenses investigarlo y juzgarlo.
Hoy el discurso es distinto.
Las investigaciones contra actores vinculados al partido gobernante son descritas con frecuencia como posibles expresiones de injerencia extranjera.
Enseguida surge una pregunta incómoda: si Estados Unidos tiene facultades para perseguir delitos cometidos en su territorio, ¿por qué ese principio cambia según la filiación política de los acusados?
La existencia de un Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos no disminuye la soberanía nacional. Es una manifestación de ella. México decidió soberanamente celebrar ese acuerdo y establecer mecanismos de cooperación judicial para perseguir delitos que trascienden fronteras.
Por eso la controversia actual parece menos jurídica que política. Menos relacionada con la soberanía y más relacionada con la credibilidad.
Si una misma conducta se interpreta como justicia cuando afecta a adversarios y como injerencia cuando afecta a aliados, la soberanía corre el riesgo de convertirse en un argumento circunstancial.
Tal vez por eso la pregunta correcta no es si Estados Unidos pretende intervenir en México.
La pregunta es otra: ¿estamos frente a una controversia diplomática por la soberanía o frente a una disputa por la credibilidad de las narrativas sobre la relación entre poder político y crimen organizado en el México de la 4T?
La soberanía contemporánea no consiste en aislarse del mundo, sino en mantener capacidad de decisión dentro de una red inevitable de interdependencias. ¿La entiende así la presidenta Sheinbaum?
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