Toda buena receta tiene la función de establecer los ingredientes, las proporciones y el procedimiento necesarios para obtener un resultado específico. Nadie confunde una receta con el platillo terminado, pero tampoco puede ignorar que, una vez definidos los pasos, el resultado deja de ser casualidad.
En política ocurre algo similar. Las grandes transformaciones institucionales rara vez aparecen de golpe, sino que se construyen gradualmente, hasta que el resultado se vuelve inevitable.
Morena acaba de publicar una de sus recetas más peligrosas: la que permite extender mandatos, mover fechas y abrir la puerta a que un funcionario permanezca en el cargo casi dos décadas. El laboratorio fue el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De ahí surgió una reforma constitucional que debería alarmar a cualquiera que tome en serio los límites al poder como condición indispensable de la democracia.
Aunque el debate público ya se desplazó hacia otros temas, la gravedad de lo ocurrido exige seguir señalándola. Hay reformas que, si no se denuncian con persistencia, terminan por normalizarse.
La reforma no solo extiende la permanencia de determinados magistrados. Va mucho más allá. Al permitir que quienes hoy ocupan esos cargos puedan participar en la elección judicial prevista para 2028 y, eventualmente, ser electos para un nuevo periodo, abre la posibilidad de que permanezcan en funciones hasta 17 años. Diecisiete años en uno de los órganos constitucionales más importantes del país.
El problema no es únicamente la duración del encargo. Lo verdaderamente preocupante es el precedente que se construye. Durante décadas, uno de los pilares del constitucionalismo mexicano ha sido la existencia de límites temporales claros para el ejercicio del poder. Esos límites buscan evitar que quienes ocupan posiciones de autoridad puedan beneficiarse de cambios normativos diseñados para prolongar su permanencia.
La reforma se justifica en que habrá una elección de por medio. Pero ese no es el punto central. El problema es que las reglas de permanencia fueron modificadas cuando ya existían personas ocupando los cargos y que el efecto práctico de esa modificación puede traducirse en una permanencia prolongada.
El precedente que se asienta es grave. Si hoy es aceptable alterar el diseño original de un cargo para permitir que sus actuales titulares permanezcan más tiempo del previsto, ¿qué impedirá aplicar razonamientos similares a otros cargos públicos en el futuro? Las instituciones no se transforman únicamente por lo que expresamente autorizan, sino también por los precedentes que normalizan.
La historia constitucional mexicana demuestra que los límites al poder no desaparecen de un golpe. Primero se flexibilizan; después, se reinterpretan; más tarde se presentan excepciones aparentemente justificadas. Finalmente, aquello que parecía impensable termina por convertirse en una práctica.
La reforma al Tribunal Electoral construye precisamente esa receta. Hoy se aplica a magistrados electorales. Mañana podría invocarse para justificar extensiones de mandato o esquemas de permanencia similares en otros espacios institucionales. Una vez que se acepta la lógica de modificar las reglas para favorecer a quienes ya ocupan el cargo, el problema deja de ser un caso concreto y se convierte en un principio.
Por eso el debate trasciende a las personas beneficiadas por la reforma. Lo que está en juego es la vigencia de una regla básica de toda democracia constitucional. Los cargos públicos deben tener límites temporales ciertos, y esos límites no deben alterarse para beneficiar a quienes se encuentran ejerciéndolos.
Las democracias no suelen deteriorarse por decisiones aisladas. Lo hacen cuando la excepción se convierte en precedente y el precedente en costumbre. Y esa es precisamente la señal de alarma que esta reforma nos obliga a encender.
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