La decisión de António Guterres tuvo lugar tras las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada.
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La decisión de António Guterres tuvo lugar tras las conclusiones del Comité contra la Desaparición Forzada.
La crisis de desapariciones que enfrenta México escaló a uno de los principales órganos de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU, António Guterres, remitió formalmente a la Asamblea General la situación que atraviesa el país en materia de desapariciones forzadas y desapariciones cometidas por particulares, luego de recibir la solicitud del Comité contra la Desaparición Forzada (CED).
La decisión representa un paso inédito dentro del mecanismo previsto en el Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, instrumento que permite elevar un caso ante la Asamblea General cuando existen indicios de que este delito ocurre de forma generalizada o sistemática en un Estado parte.
Aunque la remisión no implica una sanción contra México, sí coloca la crisis en el máximo foro deliberativo de la organización internacional y abre la puerta a que los Estados miembros analicen posibles medidas de cooperación para fortalecer la prevención, investigación y sanción de este delito.
El origen de este procedimiento se encuentra en las conclusiones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada en abril pasado. El organismo, integrado por expertos independientes, sostuvo que recibió información suficiente para considerar que en México existen indicios fundados de desapariciones cometidas de manera generalizada o sistemática.
El Comité señaló que la problemática no se limita a hechos aislados y que persisten factores estructurales como la impunidad, las deficiencias en las investigaciones, la crisis forense y la insuficiente atención a las víctimas. También advirtió sobre posibles niveles de participación, aquiescencia u omisión de autoridades en algunos casos documentados.
De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, México acumula más de 130 mil personas desaparecidas y no localizadas, una cifra que ha convertido este fenómeno en una de las principales crisis humanitarias del país.
La reacción del Gobierno de México no se hizo esperar. Desde que el Comité anunció la activación del procedimiento internacional, autoridades federales rechazaron las conclusiones del organismo.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sostuvo que el análisis del Comité presenta una visión parcial de la situación y argumentó que muchas desapariciones están vinculadas a la actuación de grupos criminales, no a una política sistemática del Estado mexicano.
Sin embargo, especialistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la responsabilidad internacional del Estado no depende únicamente de la participación directa de funcionarios públicos, sino también de su capacidad para prevenir los hechos, investigar a los responsables y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.
La decisión de llevar el caso ante la Asamblea General ocurre después de meses de presión por parte de colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles.
En mayo, más de 80 colectivos y agrupaciones solicitaron mediante una carta a António Guterres que trasladara de manera prioritaria la situación de México al máximo órgano de la ONU. Los firmantes argumentaron que la magnitud de la crisis requiere una respuesta internacional acorde con la gravedad del problema.
Entre las organizaciones que respaldaron el procedimiento se encuentran agrupaciones de búsqueda, defensores de derechos humanos y organismos internacionales que han documentado durante años los obstáculos que enfrentan las familias para localizar a sus seres queridos.
La preocupación de organismos internacionales no es nueva. Desde 2022, el Comité contra la Desaparición Forzada había advertido que la delincuencia organizada se consolidó como un actor central en muchas desapariciones registradas en México, frecuentemente con distintos grados de tolerancia, omisión o participación de servidores públicos.
Por su parte, María Luisa Aguilar Rodríguez, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), explicó previamente que el procedimiento previsto en el Artículo 34 constituye una herramienta excepcional reservada para situaciones especialmente graves. Mientras tanto, la investigadora Elena Azaola Garrido, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), ha cuestionado la falta de claridad en los registros oficiales y la persistencia de miles de casos sin resolver.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también reconoció recientemente que México enfrenta una crisis humanitaria marcada por altos niveles de impunidad y por la insuficiente respuesta institucional frente a las desapariciones.
Con la decisión de Guterres, el tema quedará formalmente bajo conocimiento de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El procedimiento no contempla sanciones automáticas ni la imposición de medidas coercitivas, pero sí permite que los Estados miembros analicen acciones orientadas a fortalecer la cooperación internacional y apoyar a México en la atención de la crisis.
Para miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos, la discusión en la ONU representa un nuevo intento por colocar la emergencia humanitaria mexicana en el centro de la agenda internacional y exigir resultados frente a una problemática que se ha extendido durante décadas sin una solución definitiva.
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