El Tribunal Supremo ha dictado una condena récord de 24 años de prisión para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mientras que un juez ordenó la apertura de juicio oral y retirarle el pasaporte a la esposa del mandatario, Begoña Gómez
El Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez enfrenta su momento más críticon de cara a la justicia española. Simultáneamente, el Tribunal Supremo ha dictado una condena récord de 24 años de prisión para el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, mientras que un juez de instrucción ordenó la apertura de juicio oral y la retirada inmediata del pasaporte a la esposa del mandatario, Begoña Gómez.
El doble frente judicial debilita profundamente la estabilidad de la coalición gubernamental en el tramo final de la legislatura, dejando al jefe del Ejecutivo en una situación de extrema vulnerabilidad política.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo condenó unánimemente a José Luis Ábalos Meco, quien fuera ministro de Fomento y Transportes (2018-2021) y secretario de Organización del PSOE, a una pena de 24 años y tres meses de prisión.
Se trata de la condena más alta por corrupción impuesta a un exmiembro del Consejo de Ministros desde el restablecimiento de la democracia en España.
El tribunal consideró probado que Ábalos lideró una "organización criminal" dedicada a la adjudicación irregular de contratos públicos para la compra de 13 millones de mascarillas durante la emergencia sanitaria del Covid-19, un entramado conocido a nivel internacional como el Caso Koldo.
Según la resolución judicial, estas maniobras provocaron un "grave deterioro de la confianza ciudadana" y "socavaron la arquitectura democrática del Estado".
El fallo también impuso severas penas a los otros integrantes de la red criminal. Koldo García, exasesor personal de Ábalos, condenado a 19 años, ocho meses y un día de prisión.
Víctor de Aldama, empresario y comisionista clave, sentenciado a cuatro años y medio de cárcel. No obstante, el Supremo suspendió la ejecución de su ingreso en prisión en reconocimiento a su "atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia".
La investigación acreditó que Aldama pagaba a Ábalos una remuneración fija de 10 mil euros mensuales en concepto de "gastos", además de costear el alquiler de inmuebles de lujo en Madrid y propiedades vacacionales en Marbella para personas del entorno íntimo del exministro.
Ábalos, internado en prisión preventiva en el centro penitenciario de Soto del Real desde finales de 2025, conoció el veredicto mediante videoconferencia.
De forma paralela, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ordenó la apertura de juicio oral con jurado popular contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.
La primera dama española está procesada por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.
Atendiendo la petición de las acusaciones populares, el juez Peinado impuso rigurosas medidas cautelares ante lo que calificó como un "riesgo latente de fuga", argumentando que la gravedad de las penas solicitadas —que alcanzan los 24 años de cárcel según la acusación— incrementa el incentivo de evasión.
Las medidas decretadas incluyen:Retirada de pasaportes: Gómez ha sido citada para comparecer en la sede judicial de Plaza de Castilla a fin de hacer entrega de su pasaporte ordinario y diplomático, debiendo declarar si posee documentos de otras nacionalidades.
Asimismo, se cursaron órdenes estrictas a todos los puestos fronterizos del país, así como a aeropuertos civiles y militares. Deberá firmar en sede judicial de manera quincenal (dos veces al mes) hasta la conclusión del proceso.
La decisión del magistrado ha generado una fuerte controversia institucional, luego de sugerir en su auto que los propios agentes de la Policía Nacional que integran la escolta oficial de la Moncloa podrían "colaborar en una hipotética fuga".
Esta afirmación provocó la inmediata queja formal del Ministerio del Interior y motivó que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) iniciara un procedimiento de expediente informativo para evaluar posibles faltas disciplinarias por parte del juez.
Junto a Gómez, también serán juzgados su asesora personal, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés.
El impacto combinado de ambas resoluciones judiciales sitúa al Gobierno socialista en una posición insostenible. La oposición conservadora, liderada por el Partido Popular (PP), calificó la jornada como una "condena al propio Gobierno de Sánchez" y exigió la dimisión inmediata del presidente.
Por su parte, los socios parlamentarios de izquierda de la coalición han comenzado a distanciar posiciones, instando al PSOE a realizar una profunda limpieza interna.
Ante la gravedad de los acontecimientos, Pedro Sánchez solicitó formalmente comparecer ante el Pleno del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones sobre los frentes judiciales que asedian tanto a su entorno político histórico como a su núcleo familiar directo.
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