El 15 de junio el Diario Oficial de la Federación publicó una circular en la que el Banco de México estableció un procedimiento para la compra en el mercado secundario de bonos de regulación monetaria y valores gubernamentales, a fin de dotar de mayor capacidad a su política monetaria. Las primeras reacciones fueron en el sentido de que, si esto da capacidad al instituto central de adquirir títulos gubernamentales en el mercado secundario, esto es, entregar pesos a cambio de valores del gobierno en manos de inversionistas, se trata de un respaldo del instituto central a la deuda gubernamental.
Esta interpretación se explica por la actual situación del grado de inversión que, en un contexto de crecientes necesidades de recursos fiscales, califica en el límite la capacidad de pago de deuda. Basta recordar que de 2018 a 2026, en términos reales, el presupuesto federal total creció 33.3%, pero los ingresos presupuestarios solo lo hicieron en 26.0%. Esto llevó a que los ingresos por financiamiento aumentaran 102.8%.
Sin embargo, el Banco de México explicó que la medida es solamente un mecanismo para ampliar la capacidad de regulación monetaria y que su único objetivo es “tener una herramienta que complemente los mecanismos existentes para compensar faltantes de liquidez”.
Esto se equipara con la flexibilización cuantitativa (quantitative easing, QE), mecanismo de los bancos centrales que utilizó la Reserva Federal de Estados Unidos en la crisis financiera de 2008 y en la pandemia, regulando así la liquidez, movimientos de la tasa de interés y los precios de los bonos, pero que se le considera una “medida extraordinaria de política monetaria no tradicional que consiste en la compra de valores en el mercado abierto”, usada para estabilizar el mercado financiero.
Desde la perspectiva de ampliar las capacidades del banco central para cumplir con su función monetaria se entiende su importancia, pero como “medida extraordinaria”, genera preocupación dado el constante acoso a que ha estado sometido el banco para violar su autonomía constitucional, tanto en materia de su administración interna (remuneraciones) como en sus decisiones de política monetaria (bajar la tasa de interés).
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