Desde hace ocho años, México atraviesa un profundo retroceso caracterizado por la concentración del poder, la polarización social, el debilitamiento de las instituciones y una constante propaganda ilusionista.
El gobierno actual se presenta como el único defensor del pueblo y de los sectores históricamente olvidados. Los programas sociales son promovidos como resultados exclusivos del movimiento gobernante, cuando muchos de ellos derivan de luchas históricas y de condiciones impulsadas en gobiernos anteriores, como por ejemplo el Programa Nacional de Solidaridad, que en 1988 marcó el inicio del combate a la pobreza extrema en México, beneficiando, a través de sus más de 40 subprogramas agrupados en tres vertientes y promoviendo un componente de corresponsabilidad ciudadana, a más de 19 millones de personas.
El objetivo político del actual régimen parece claro: generar una sensación de bienestar que compense la ausencia de resultados sólidos en áreas fundamentales para el desarrollo nacional. Sin embargo, en la plática diaria y el debate nacional, lo que debemos cuestionar es si el país está experimentando una mejoría real o únicamente se ha construido una falsa percepción desde la narrativa política.
La seguridad pública representa quizá el ejemplo más preocupante. México continúa enfrentando niveles alarmantes de violencia, así como una alta presencia del crimen organizado y control territorial de grupos delincuenciales en distintas regiones del país. Hoy, siete de cada 10 personas viven con inseguridad y miedo, un promedio de 42 personas desaparece a diario y 67 son víctimas de homicidio doloso, aunque las cifras oficiales digan que son menos, a lo que se suman los asaltos en carreteras y las múltiples extorsiones que ya forman parte de la realidad cotidiana.
En materia económica, el costo de vida ha aumentado. Alimentos, transporte, vivienda, electricidad y servicios básicos representan una carga más pesada para las familias. Hoy, una familia de cuatro integrantes necesita, para vivir mensualmente con lo básico, la cantidad de 20 mil pesos. El muy presumido incremento salarial pierde impacto cuando la inflación y el encarecimiento generalizado de precios reducen el poder adquisitivo de las personas.
El sistema de salud también refleja un deterioro evidente. El desabasto de medicamentos, la insuficiencia hospitalaria y las dificultades para acceder a atención médica especializada han generado incertidumbre y desesperación entre millones de mexicanos. La desaparición o debilitamiento de instituciones previamente consolidadas, como el Seguro Popular, y los fallidos experimentos como el Insabi, la Megafarmacia y las Farmacias del Bienestar no produjeron un sistema más eficiente, sino mayores complicaciones para quienes dependen de los servicios públicos de salud.
La realización caprichosa de proyectos gubernamentales de alto costo, el bajo crecimiento económico, la deuda, que se ha duplicado hasta llegar a los 20.5 billones de pesos, la disminución en la recaudación y una menor confianza para la inversión han generado una gran fragilidad en las finanzas públicas que, en poco tiempo, también pondrá en riesgo el propio pago de los programas sociales que, hoy por hoy, constituyen la principal herramienta política y engañosa del oficialismo.
México necesita mucho más que discursos y campañas permanentes de propaganda sustentadas en mentiras. Necesita seguridad, crecimiento económico sostenible, servicios públicos eficientes, respeto a las instituciones y oportunidades reales para mejorar la calidad de vida. Los resultados no deben medirse por la simpatía o popularidad, sino por los resultados concretos del gobierno para las familias en su vida diaria. Cuando la propaganda deja de convencer, son los resultados los que terminan dictando el juicio de la historia.
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