Existe una forma de autoritarismo más sofisticada que el golpe de Estado. No llega con tanques. Llega con reformas. El mayor riesgo para una democracia ya no es que alguien viole la ley. Es que cambie la ley para que el abuso parezca legal. El Estado de derecho no desaparece del todo: se vacía por dentro mientras conserva su forma.
El mecanismo se repite con precisión inquietante. Primero se identifica un contrapeso que incomoda. Después se construye una narrativa para desacreditarlo: está capturado, sirve a intereses oscuros, obstaculiza la voluntad popular. Finalmente llega una reforma presentada como democratización. El resultado es casi siempre es el mismo: el poder gana espacio y la ciudadanía pierde capacidad para limitarlo.
No es nuevo. Lleva años operando. Lo que cambia hoy es la velocidad.
El primer frente fue el sistema electoral. No lograron desmantelar el INE del todo, pero el esfuerzo fue sistemático y el resultado, visible: hoy el árbitro llega al cargo con camisa guinda.
El segundo fue el sistema judicial. Las democracias necesitan jueces capaces de incomodar al poder, precisamente porque su función no es agradarle. Con la reforma judicial, el árbitro depende ahora del jugador al que debe poner límites. La detención de Ernesto Ruffo muestra lo que sigue: un gobierno que lleva años fabricando narrativas convenientes y construyendo los expedientes que las justifican ha perdido el beneficio de la duda.
Ahora viene el tercero. La reforma de telecomunicaciones no necesita censurar abiertamente. Le basta con regular quién habla, bajo qué condiciones y con qué consecuencias.
Tres frentes. El mismo mecanismo. Sistema electoral, judicial y de comunicación intervenidos en secuencia. Las democracias no siempre desaparecen de golpe. En muchas ocasiones se transforman gradualmente hasta que las instituciones siguen existiendo, pero ya no cumplen la función para la que fueron creadas. Institucionalizan y legalizan la injusticia con un solo fin: mantenerse en el poder. La injusticia legalizada no rompe las reglas. Las reescribe para que el abuso tenga nombre legal.
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