El segundo semestre del año inició con datos positivos sobre el comportamiento de precios. En julio, prácticamente sin inflación mensual, el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 3.12% anual, la inflación más baja para un séptimo mes en los últimos 10 años.
El componente más rígido, el índice de precios subyacente, creció 3.95%, aunque con incrementos de 5.93% en educación y de 4.85% en otros servicios y en alimentos, bebidas y tabaco. A su vez, índice de precios no subyacente, de mayor volatilidad e incidencia de decisiones de gobierno, solo creció 0.29% anual por la caída de los precios agropecuarios (-3.34%) sobre todo pecuarios (-6.89%) y el incremento de tarifas autorizadas por el gobierno de 6.98% anual.
Esta inflación, cercana al objetivo del banco central, aunada a la decisión de la FED de mantener la tasa de interés estadounidense, favoreció la decisión del Banco de México de mantener la tasa de interés interbancaria a un día en 6.50%. Con ello, la tasa de interés en México se ubicó en 275 puntos base por arriba de la de Estados Unidos (6.50% vs 3.75%) y llegó a 3.38 puntos porcentuales por arriba de la inflación.
La diferencia de tasas de interés en el entorno de inflación a la baja y tipo de cambio estable podría contribuir a la recuperación de la inversión de residentes en el exterior en títulos gubernamentales. Anteriormente, la tenencia de valores gubernamentales en posesión de extranjeros alcanzó un máximo de 2,273,928 millones de pesos (febrero, 2019).
Sin embargo, aun con diferenciales de 375 y 625 puntos base, esta inversión no se recuperó.
Decisiones gubernamentales que afectaron la confianza, redujeron estos flujos a 1,518,339 mdp (octubre, 2022); una disminución de (-) 755,589 mdp. Desde su punto máximo y hasta julio de 2026 este tipo de inversión se redujo en (-) 494,426 mdp. En esta administración (del 30 de septiembre de 2024 al 29 de julio de 2026) han disminuido (-) 65,066 millones de pesos.
Aprovechar las condiciones actuales para atraer y recuperar capital requiere, además. de certeza jurídica, que haya confianza en la relación gobierno/capital privado.
Recomendar Nota
