Para que exista democracia es indispensable que haya mucha conversación pública, hecha a partir de que los ciudadanos podamos decir, sin ninguna restricción, cómo queremos vivir, qué queremos lograr como sociedad, quiénes y cómo pueden gobernar, etc. Por eso la libertad de expresión es condición necesaria de la democracia.
En las sociedades actuales esa conversación pública es posibilitada por los medios de comunicación tradicionales (periódicos, radio, TV) y más recientemente por las redes sociales, pero como existe el riesgo de que estos la controlen y manipulen a su favor o en el de otros (los gobiernos, los poderes fácticos) surgieron los derechos de las audiencias. Su objetivo, evitar la desinformación, las verdades únicas, las posverdades, etc., limitando el poder de los medios y redes.
La ley de telecomunicaciones define esos derechos: recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico, político, social, cultural y lingüístico de la sociedad; programación diversa y plural; distinguir entre publicidad y contenido de programas; diferenciar información noticiosa de opinión y ejercer el derecho de réplica, entre otros. Por tanto, para que haya democracia es necesario que libertad de expresión y derechos de las audiencias sean complementarios, no excluyentes.
Los lineamientos propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) son una jugada maestra que pretende anular de un solo golpe los derechos de las audiencias y la libertad de expresión y, además, hacerlo en nombre de la democracia. Descaro y aberración al mismo tiempo.
La mejor manera que han encontrado las sociedades democráticas para garantizar y proteger los derechos de información, de las audiencias y la libertad de expresión son órganos de Estado en los que participen la sociedad –como lo eran el Inai y el IFT— no de gobierno; no son perfectos, pero son más eficaces o menos malos que cuando quedan en manos de los gobiernos o de los medios de comunicación privados sin regulación.
Los lineamientos de Sheinbaum tienen el descaro de otorgar a unos empleados suyos que trabajan en la CRT, las siguientes facultades: a) participar en la elaboración de los lineamientos; b) interpretarlos administrativamente; c) registrar los códigos de ética y a los defensores de audiencias; d) ordenar que se admita una queja; e) revisar y revocar la decisión del defensor de las audiencias que definan los medios; f) determinar si se cumplió una recomendación; g) vigilar a los medios y, h) iniciar y resolver procedimientos sancionadores. Por tanto, la CRT se convierte en reguladora, intérprete, instancia revisora, supervisora y sancionadora de nuestros derechos de audiencia. Y al tener tal control sobre los medios, de paso los obliga a la autocensura limitando severamente la libertad de expresión.
Así, la 4T, que desde hace ocho años se ha dedicado sin interrupción todas las mañanas a mentir, a ocultar información, a inundarnos de fake news; la que “paga a los medios para que no le peguen”; la que no ha hecho otra cosa que estigmatizar, descalificar, amedrentar, desproteger y sembrar odio contra los medios, periodistas y críticos, la que destruyó al Inai y al IFT se quiere erigir en la defensora de nuestro derecho a estar bien informados. Vaya descaro.
Ya sometieron al Poder Legislativo; ya controlaron al Poder Judicial; ya anularon el orden constitucional y la preeminencia de los derechos humanos sobre sus decisiones legislativas; ya desparecieron a los órganos autónomos; ya se dotaron de poderes anticonstitucionales como el espionaje, la prisión preventiva oficiosa, el congelamiento de las cuentas bancarias; ya eliminaron el amparo como mecanismo de defensa ciudadana frente a sus abusos, y las autoridades electorales comen de su mano.
Ante la irrelevancia de los partidos de oposición, lo único que les falta es aplastar a los pocos medios, periodistas y críticos de su régimen que denuncian su autoritarismo, cuestionan la narrativa oficial y exhiben la corrupción y la podredumbre sobre la que están construyendo su permanencia en el poder. De eso se tratan sus lineamientos. Una aberración antidemocrática.
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