Alejandro Moreno presentó una denuncia contra los consejeros electorales Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga en Estados Unidos.
El líder del PRI está apelando a la Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, normativa que permite sancionar a extranjeros por violaciones graves a los derechos humanos.
Por ello acudió al Departamento de Estado, donde analizarán el caso referido a restricciones a la libertad de expresión.
Moreno está convencido de que la restricción impuesta por el INE —para que no pueda referirse a Morena como “narcopartido”— constituye un ataque directo contra sus derechos.
En el PRI están decididos a seguir dando la batalla contra disposiciones del Consejo General que, desde su óptica, afectan la calidad democrática y limitan espacios para la elección de 2027.
Ahora sí se dan cuenta del desastre en Michoacán
La propia presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que admitir que existen amenazas directas del crimen organizado contra los inspectores del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
A diferencia de otras ocasiones, ahora todas las áreas de seguridad están trabajando para evitar que se comprometa la exportación de aguacate.
Hay que considerar que la función de dichos inspectores es certificar la calidad de la fruta para autorizar su ingreso al mercado estadounidense.
Ojalá las presiones desde Washington sirvan también para poner orden en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, quien representa un obstáculo no solo para el comercio, sino para la gobernabilidad misma de Michoacán.
Coordinadores de Morena, hasta después del Informe
En Morena quisieran nombrar lo antes posible a sus coordinadores estatales de la transformación en los 17 estados donde habrá elecciones de gobernador el próximo año.
Sin embargo, hay un obstáculo: está en puerta el segundo Informe de Gobierno de la presidenta Sheinbaum y en los próximos días comenzará la difusión de los spots previos al 1 de septiembre.
La dirigencia morenista busca amortiguar cualquier conato de fractura interna antes del Informe presidencial.
Mientras tanto, los 277 aspirantes inscritos podrán seguir haciendo campaña de manera ilegal ante la pasividad de la autoridad electoral, la cual transcurre sin que nadie los llame al orden.
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