Contexto. La aprehensión de Ángel Aguirre, quien fuera gobernador de Guerrero en 2014 durante el trágico secuestro de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, merece al menos una contextualización histórica y una conjetura presente.
Compañeros de partido. En el contexto de las nutridas revelaciones sobre ligas de personajes del presente régimen -y de su partido- con los cárteles criminales, cobra otro sentido el hecho de que Aguirre llegó a la gubernatura en 2011 por el PRD, el partido que en 2012 encabezó el segundo intento de López Obrador para llegar a la Presidencia.
Socios de campaña. En esas condiciones, el entonces gobernador -de quien hoy se revelan ligas con al cártel Guerreros Unidos, involucrado en el secuestro de los normalistas- dispuso el apoyo estatal a la gira por la entidad de AMLO. De la misma manera que José Luis Abarca, el alcalde de Iguala durante la desaparición de los jóvenes, con publicitadas ligas -incluso familiares- con grupos criminales, había financiado la campaña de Aguirre de 2011 y la de 2012 en la región, con él para munícipe de Iguala y AMLO para presidente. Este es el contexto, usted infiera con libertad.
Conjeturas. ¿Un deslinde de la presidenta con el expresidente? Probablemente bien fundada, sólo que casi 12 años después de la noche negra de Iguala, la vinculación de Aguirre a proceso muestra, primero, a un régimen que tripula la procuración y la impartición de justicia de acuerdo con sus cálculos y apremios. Y que, esta vez, el apremio sería una ya irresistible presión estadounidense para llevarse al exgobernador morenista Rocha Moya. Y, el cálculo, que tanto la arbitrariedad contra Ruffo (PAN/Somos México), como este apretón contra Aguirre (PRI/PRD) amortigüen -con gobernadores enjuiciados de otros partidos- el golpe de exhibir en el mundo a un gobernador que refuerce la imagen del narcogobierno.
Recomendar Nota
