Quintana Roo, el estado de las 25 mafias

Los gobiernos de Morena han convertido a Quintana Roo en una suerte de enclave criminal en el Caribe.

Se trata de un territorio cosmopolita donde, junto con millones de turistas, inversiones y capitales de todo el mundo, han encontrado acomodo delincuentes y redes criminales de por lo menos 12 países.

La DEA y la Interpol han documentado la presencia de organizaciones o personajes procedentes de Rusia y Europa del Este, Rumania, Italia y otras naciones, mientras las rutas del narcotráfico conectan al estado con Colombia, Venezuela y Centroamérica. A ese catálogo internacional se agregan ahora con especial notoriedad la Mafia Cubana y la Mafia Rumana.

Y luego están los de casa: Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa, Los Pelones, Los Sureños, Los Independientes y otras células que se disputan el fabuloso mercado turístico. En etapas anteriores estuvieron también el Cártel del Golfo y Los Zetas. La propia Fiscalía de Quintana Roo informó en septiembre de 2024 que había identificado y golpeado a 25 grupos criminales, con 830 integrantes detenidos, dedicados principalmente a extorsión, narcomenudeo y homicidios. No hace falta que la oposición exagere el problema: el gobierno proporciona las cifras.

El turista ve Cancún, Playa del Carmen y Tulum; las mafias ven millones de consumidores potenciales de drogas, miles de restaurantes, hoteles, bares y comercios susceptibles de extorsión, una industria nocturna propicia para la trata, aeropuertos internacionales, marinas, cientos de kilómetros de costa y un mercado inmobiliario formidable para esconder dinero. Un paraíso turístico puede ser también un paraíso para lavar, traficar, extorsionar y desaparecer capitales.

Y en medio de esta historia aparece un personaje que merece atención especial: Rafael Marín Mollinedo, dos veces director de la Agencia Nacional de Aduanas de México, hombre cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador y aspirante a convertirse en candidato de Morena al gobierno de Quintana Roo.

Marín quiere gobernar precisamente el estado donde las mafias internacionales y nacionales han encontrado semejante prosperidad. El problema para sus aspiraciones es que en su propia trayectoria comienza a aparecer una historia difícil de explicar: la de Alejandro Enrique Arcos Romero, señalado por autoridades mexicanas y estadounidenses como operador financiero de la Mafia Rumana encabezada por Florian Tudor, “El Tiburón”.

No se trata de un antecedente descubierto ayer. La Unidad de Inteligencia Financiera había bloqueado las cuentas de Arcos desde 2021. Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó que autoridades lo relacionaban con una estructura de empresas utilizada presuntamente para mover y lavar recursos de la organización de Tudor. Una de esas compañías, Momvavi Grupo Constructor, en la que Arcos era accionista mayoritario, había sido catalogada por el SAT como empresa fantasma desde marzo de 2019.

Aduanas: el punto de partida

A pesar de semejante currículum, Arcos encontró trabajo en un lugar sorprendente: Aduanas.

Ingresó a la Agencia Nacional de Aduanas durante la primera gestión de Rafael Marín Mollinedo, entre diciembre de 2022 y junio de 2023. Y no aparece como un empleado perdido entre miles. Un documento oficial de la propia ANAM lo identificó como director general adscrito a la Agencia y participó como testigo en el acta de entrega-recepción mediante la cual Marín tomó posesión.

La pregunta se escribe sola: ¿cómo llegó hasta ahí?

Arcos tenía sus cuentas bloqueadas por la UIF desde 2021. Autoridades lo habían relacionado con la estructura financiera de una de las mafias extranjeras más conocidas del Caribe mexicano. Una empresa de la que era accionista mayoritario había sido declarada fantasma por el SAT desde 2019.

Y terminó en Aduanas.

¿Nadie revisó sus antecedentes? ¿Nadie en una de las instituciones más sensibles del Estado mexicano consultó los registros de otra dependencia del mismo gobierno? ¿La UIF sabía una cosa, el SAT otra y Aduanas no sabía ninguna?

Tal vez fue incompetencia.

Pero para alguien que aspira a gobernar Quintana Roo tampoco parece una magnífica carta de presentación.

Porque la historia no termina con la salida de Arcos de Aduanas. MCCI documentó que posteriormente apareció acompañando a Rafael Marín en actividades de promoción política en Quintana Roo. Es decir, el hombre señalado por autoridades como operador financiero de la mafia rumana no solamente consiguió entrar a la institución que dirigía Marín: después volvió a aparecer cerca de su proyecto político.

Cierto, no existe evidencia de que Rafael Marín Mollinedo pertenezca a la Mafia Rumana, participe en sus negocios o haya conocido las presuntas actividades criminales atribuidas a Arcos Romero.

Pero eso no convierte el episodio en irrelevante. Al contrario.

Si Marín pretende gobernar un estado penetrado por organizaciones criminales nacionales y extranjeras, resulta razonable preguntarle cómo un personaje previamente señalado por las autoridades llegó a su entorno administrativo y posteriormente al político. No es una acusación de complicidad; es una pregunta sobre controles, criterio y responsabilidad.

Y acaba de aparecer otra pieza incómoda. Araceli Hernández Perea, quien ocupó un cargo directivo en Aduanas, constituyó posteriormente empresas en Texas junto con Arcos Romero. Hernández ha dado explicaciones sobre esas operaciones y ha negado mantener actualmente una relación con él. Pero nuevamente encontramos al mismo personaje señalado por sus vínculos con la mafia rumana cruzándose con personas provenientes de Aduanas.

La Mafia Cubana

Todo esto ocurre mientras otra mafia internacional ocupa los titulares.

Una investigación conocida esta semana reconstruye las operaciones de la llamada Mafia Cubana de Quintana Roo, una red de tráfico de personas que opera desde hace años entre Cuba, México y Estados Unidos y a la que también se atribuyen contrabando, robo de embarcaciones y episodios de extrema violencia. Documentos judiciales estadounidenses describen una organización transnacional que utilizó Quintana Roo como una de sus principales plataformas.

En esa investigación aparece un nombre extraordinario: Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo”, nieto de Raúl Castro. Uno de los integrantes de la organización, condenado a 25 años de prisión, lo señaló como colaborador de la red desde Cuba. La precisión es indispensable: Rodríguez Castro no está acusado penalmente en este caso y el gobierno cubano rechaza los señalamientos.

El caso resulta fascinante por sus dimensiones internacionales, pero no debería distraernos del problema local. La Mafia Cubana no descubrió Quintana Roo por accidente, como tampoco lo hicieron los rumanos ni las redes procedentes de Rusia y Europa del Este, Italia, Colombia, Venezuela o Centroamérica. Hace años que el Caribe mexicano ofrece una combinación extraordinaria de turismo masivo, dinero, comunicaciones internacionales, desarrollo inmobiliario y debilidad institucional. Ya en 2022 se publicaban reportes basados en información de DEA e Interpol sobre criminales de por lo menos 12 países detectados en Quintana Roo.

Y sobre ese escenario internacional prosperan los cárteles mexicanos. El CJNG, Sinaloa y organizaciones locales como Los Pelones, Los Sureños y Los Independientes no necesitan esconderse detrás de complejas operaciones financieras internacionales: disputan mercados de droga, extorsión y control territorial.

Aparece además en el entorno regional La Barredora, aunque conviene no inflar su presencia: no hay elementos suficientes para decir que controla territorialmente Quintana Roo como los grandes cárteles. Lo documentado es que integrantes de esa organización hicieron negocios alrededor del Tren Maya. Su figura más conocida, Hernán Bermúdez Requena, había sido secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante el gobierno de Adán Augusto López. Eso no prueba participación de Adán Augusto en sus actividades criminales, pero nuevamente encontramos al crimen organizado demasiado cerca de estructuras del poder político.

Quintana Roo tiene, por supuesto, una gobernadora que puede mostrar resultados favorables. Los homicidios han disminuido y la Fiscalía ha realizado centenares de detenciones. Sería absurdo negar esos avances.

Pero hay una paradoja que la propaganda no puede resolver: si todo marcha tan bien, ¿por qué la propia Fiscalía tuvo que combatir 25 grupos criminales? ¿Cómo pudo desarrollarse semejante ecosistema delictivo en el principal escaparate turístico del país?

Mara Lezama tampoco acaba de llegar. Gobernó Cancún desde 2018 y gobierna Quintana Roo desde 2022. Morena lleva ocho años administrando el corazón turístico del estado. Muchas mafias estaban ahí antes, ciertamente. Pero después de ocho años las herencias comienzan a convertirse en responsabilidades.

Morena va por la continuidad

Y ahora Morena se prepara para elegir a quien pretende sucederla.

Entre los aspirantes está Rafael Marín Mollinedo.

Por eso su historia en Aduanas adquiere una importancia que va mucho más allá de una anécdota burocrática. Quien aspira a gobernar un estado convertido en el Tánger criminal del Caribe tendría que explicar con absoluta claridad cómo piensa combatir la penetración financiera y política de las mafias.

Y quizá podría comenzar por algo más sencillo: explicar cómo un hombre señalado por las autoridades como operador financiero de la Mafia Rumana terminó trabajando en la institución que él dirigía y después apareció acompañándolo en su camino hacia la candidatura de Morena.

Quintana Roo ya tiene suficientes mafias como para agregar a un gobernador que -por lo menos- no sepa reconocerlas cuando las tiene cerca.