Hace dos semanas escribí sobre la necesidad de garantizar el derecho de réplica frente a señalamientos realizados desde la mañanera. Hoy la perspectiva se invierte, al ser el gobierno el que pretende ejercer ese derecho frente a quienes lo critican.
En ambos casos el análisis es el mismo: quién tiene el poder y quién necesita protección frente a él. Y conviene insistir, porque cuando los señalamientos desde el poder se vuelven rutina dejan de parecer noticia.
Esta semana, desde Palacio Nacional, la consejera jurídica del Ejecutivo dederal, Luisa María Alcalde, utilizó un espacio denominado “Derecho de Réplica” para presentar una supuesta red de amplificación de mensajes contrarios al gobierno. En el ejercicio se identificó y exhibió a periodistas, analistas, políticos y usuarios de redes sociales por compartir posiciones críticas.
Más allá de que el ejercicio es peligroso en sí mismo, hay una pregunta previa, ¿tiene el gobierno derecho de réplica? Si hablamos del gobierno actuando como poder público, la respuesta constitucional es no.
El derecho de réplica no significa simplemente tener derecho a contestar. Es una figura prevista en el artículo 6º constitucional, en su ley reglamentaria y en el artículo 14 de la Convención Americana que permite que una persona afectada por información falsa o inexacta pueda responder en el mismo espacio en el que fue difundida. Su finalidad es equilibrar una relación desigual de poder comunicativo. Una persona sobre la que un medio publica información falsa difícilmente tiene la misma capacidad para llegar a la audiencia que recibió esa información. La réplica busca darle voz a quien se encuentra en una posición de desventaja frente a quien tiene el altavoz.
Y ahí está el problema de llamar “derecho de réplica” a una conferencia organizada por el gobierno de México desde Palacio Nacional. El gobierno no está en una posición de desventaja comunicativa frente a un periodista, un analista o una cuenta de X. Es el poder público.Tiene presupuesto, oficinas de comunicación social, canales oficiales, medios públicos, conferencias de prensa y, sobre todo, posee el poder del Estado.
Por supuesto que el gobierno puede informar. No sólo puede, debe hacerlo. La libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información no exigen un gobierno silencioso.
Pero una cosa es comunicación gubernamental y otra muy distinta es derecho de réplica.
Los derechos humanos funcionan, precisamente, como límites frente al ejercicio del poder. Por eso resulta problemático que el gobierno adopte el lenguaje de los derechos para colocarse simbólicamente en la posición del agraviado frente a ciudadanos que lo critican. El problema se vuelve todavía más delicado cuando el supuesto ejercicio de réplica deja de consistir en aclarar un dato concreto y empieza a identificar personas y exhibirlas públicamente como integrantes de un mecanismo de difusión de mensajes contra el gobierno.
Ya existe una advertencia judicial. En el litigio contra la sección “Quién es quién en las mentiras”, impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, un Tribunal Colegiado determinó que ese espacio vulneró las libertades de prensa, expresión e información y operó como un instrumento de estigmatización de voces críticas desde el poder público.
Una democracia necesita gobiernos que respondan a la crítica. Lo que no necesita son gobiernos que identifiquen a quienes los cuestionan y después presenten ese ejercicio como la defensa de un derecho.
El derecho de réplica nació para equilibrar una relación desigual.
Y cuando quien sostiene el micrófono es el propio gobierno, difícilmente puede presentarse como la parte débil de esa relación.
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