Culiacán, Sin.- Para Sinaloa lo importante es si continúa o no la gobernanza criminal. Mucho más que la suerte y futuro de los políticos.
Rocha no fue obligado a volver a pedir licencia por su involucramiento con el crimen organizado ni por la corrupción ni por la ineficacia de su gobierno. Lo castigaron por haber regresado sin acordarlo con la presidenta.
La crisis política de Sinaloa no está siendo procesada mediante instituciones democráticas.
Hay evidencias de que este procedimiento no se propone resolver el problema político central: la existencia de un narcogobierno.
Como régimen autoritario, es la decisión centralista de la presidenta la que lo tumbó, esa forma metaconstitucional que no está establecida en ninguna ley y que no incluye intereses ciudadanos.
Nos alivia de algún modo no tener a Rocha en palacio, pero debemos tener claro que como no fue por un proceso institucional de juicio político o desaparición de poderes, pudo, muy probablemente, haber negociado su segunda licencia a cambio de impunidad.
La impunidad de Rocha alienta la criminalidad. Es una gran lección para la escuela de gobierno morenista: puedes ser socio de delincuentes, agravar los problemas del estado y manejar deshonestamente los recursos públicos, pero tener protección presidencial. Si juegas mal el ajedrez político, ahí si tendrás problemas.
La prueba de que a la presidenta no le importa la fusión del gobierno estatal morenista con el crimen organizado es que hace tres meses, en la primera licencia, le dejó a Rocha intacto el control de la administración por interpósita persona a pesar de conocer perfectamente los hechos delictivos del día de su elección en 2021 y las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Todavía más, en los 22 meses que García Harfuch ha coordinado el combate al crimen organizado en Sinaloa no ha sido detenido ni un solo funcionario municipal ni siquiera del más bajo rango. No ha habido ninguna operación enjambre.
La ratificación del gabinete rochista y la entrega de la candidatura a una persona que ni en privado disiente de la política de seguridad pública federal y estatal vigente en Sinaloa también avizora que el narcogobierno seguirá.
La solución de la crisis política requiere cambios institucionales profundos, no conspiraciones por el poder de baja estofa.
Ya la sociedad civil va dando sus primeros pasos organizativos exigiendo transparencia, deliberación pública de altura, rendición de cuentas, espacios masivos de participación, una nueva ciudadanía y una nueva democracia.
Recomendar Nota
