La crisis financiera de 1994-95 tuvo consecuencias extraordinariamente negativas para México. Pero si algo positivo dejó aquella terrible experiencia fueron dos lecciones fundamentales: la estabilidad macroeconómica se construye con mucho esfuerzo y nunca debe caerse en la complacencia.
México pagó un precio enorme por los errores de política económica cometidos en aquellos años. Pero a partir de 1995 comenzó un profundo proceso de reconstrucción. Dejó flotar de una vez por todas al peso, llevó a cabo importantes reformas financieras, fortaleció a los reguladores y la regulación bancaria, consolidó la autonomía del Banco de México y puso orden en las finanzas públicas, entre muchas otras medidas.
Ese esfuerzo tuvo su reconocimiento en los mercados internacionales. Desde 2002 México obtuvo el grado de inversión y se ha ganado el respeto de los mercados financieros como uno de los países emergentes con mayor tradición de prudencia macroeconómica.
Pero hoy esa fortaleza empieza a mostrar señales de desgaste. En los últimos días ha vuelto a cobrar fuerza la discusión sobre el riesgo de que México pierda su grado de inversión. La semana pasada, un análisis de Bloomberg provocó una fuerte reacción entre inversionistas y autoridades mexicanas al señalar que, bajo ciertas métricas de mercado, la deuda soberana mexicana ya se estaría negociando con características cercanas a las de emisores con calificación especulativa. El gobierno respondió rápidamente y rechazó esa interpretación, reiterando su compromiso con la disciplina fiscal.
El problema es que, más allá de la discusión sobre la calificación actual, hay señales claras de dificultades hacia adelante.
Primero, los ingresos presupuestarios se encuentran prácticamente estancados y la economía no crece lo suficiente. Segundo, las prioridades presupuestarias están claramente definidas y responden, en buena medida, a consideraciones políticas.
Tercero, está el elefante en la habitación: Pemex. La empresa continúa representando un riesgo fiscal considerable y, hasta ahora, no existe un plan suficientemente claro y creíble que permita anticipar una mejora estructural de sus finanzas. Cuarto, las presiones sobre el gasto sólo aumentarán en los próximos años, particularmente por razones demográficas.
Quinto, el gasto público se ha vuelto cada vez más rígido. Las obligaciones adquiridas por los gobiernos actual y anterior, particularmente en materia social, reducen los márgenes de acción. Y sexto, las promesas de gasto continúan acumulándose.
El problema, por tanto, no es que México vaya a perder mañana su grado de inversión. El problema es la trayectoria. Al gobierno le quedan cuatro años de administración y, en materia fiscal, serán años particularmente difíciles.
La experiencia de 1994-95 debería recordarnos que la estabilidad macroeconómica no se pierde de un día para otro. Se erosiona poco a poco, cuando las señales de alerta son ignoradas y la complacencia sustituye a la prudencia. Las llamadas de atención ya están ahí. Esperemos que el gobierno sepa escucharlas a tiempo y actúe en consecuencia.
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