Los mexicanos con doble nacionalidad verán mutilados sus derechos en los próximos días. El dictamen respectivo ya está hecho, pero destaca que no se haya consultado a las asociaciones de mexicanos en el extranjero.
Las discusiones serán, como ya es costumbre: un diálogo de sordos. No hay modo de que argumento alguno sea escuchado, porque ya se tomó la decisión y punto.
Mes con mes celebran las remesas —como si no fueran la constatación de un éxodo por motivos económicos— y se quejan de que en Estados Unidos se trata mal a los paisanos, pero no quieren que se le ocurra a alguno de ellos regresar y postularse a un cargo que ya de antemano tienen prohibido: Presidencia de la República, gubernaturas y Jefatura de Gobierno.
Como siempre, hay una coartada: la de renunciar a la nacionalidad distinta a la mexicana. ¿Cómo se hará esto? Queda pendiente para la legislación secundaria y ya se sabe cómo trabajan en las cámaras, por lo que habrá sorpresas aún más desagradables.
El problema con la iniciativa no es tanto el daño que le pueden causar al pequeño porcentaje de políticos que alguna vez estarán ante semejante dilema, sino la serie de prejuicios que desatará.
Así como haber estudiado en el extranjero se convirtió en motivo de sospecha, ahora lo será también respecto al origen de padres y abuelos. La estigmatización como instrumento del poder.
Lo más triste es que muchos legisladores de Morena saben que no están haciendo algo correcto, que la izquierda es abierta al mundo, pero se tienen que aguantar porque el horno no está para bollos y más aún en cuestiones de procedimiento, debido a que en Palacio Nacional no les gusta que les corrijan ni una coma.
Larry Rubin, de la American Society, le dijo a Pascal Beltrán del Río: “Estás causándole (daño) a millones de ciudadanos que a lo mejor quisieran participar en el proceso electoral, pues le estás coartando esta oportunidad y qué lástima porque te puedes perder a un gran presidente, a un gran jefe de gobierno”.
El Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes (Colefom) también manifestó sus objeciones, “ya que no se analiza su impacto en el bloque de constitucionalidad”.
En efecto, es una propuesta regresiva, que va contra la progresividad y los tratados internacionales, pero eso es peccata minuta cuando ya hay línea al respecto.
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