“Cuadrar” el presupuesto del país nunca ha sido sencillo. Los ingresos públicos de México son relativamente bajos, las presiones de gasto son muchas y crecen por inercia, las prioridades políticas siempre están presentes y, al mismo tiempo, es indispensable mantener niveles de endeudamiento prudentes. Todo ello debe resolverse simultáneamente. Esa ha sido la constante de las finanzas públicas mexicanas durante mucho tiempo.
Pero no recuerdo en los últimos años un presupuesto tan complejo de cuadrar como el que presentará mañana el gobierno de la presidenta Sheinbaum. Será, en muchos sentidos, un verdadero ejercicio de malabarismo financiero: Hacienda tendrá que alcanzar demasiados objetivos al mismo tiempo, varios de ellos aparentemente incompatibles.
Por un lado, enfrenta un panorama de ingresos presupuestarios prácticamente estancados. Al mes de julio, apenas habían crecido 0.9%. El panorama para 2027 tampoco luce alentador, en un contexto de expectativas de crecimiento económico modestas.
Más aún, 2027 será un año electoral y el gobierno ha decidido no aumentar impuestos. Seguramente habrá cambios fiscales, pero difícilmente tendrán una magnitud relevante. Al mismo tiempo, el ciclo electoral genera fuertes incentivos paraampliar el gasto social y acelerar la inversión pública.
Todo ello ocurre mientras aumentan las presiones estructurales sobre el gasto. Las pensiones seguirán creciendo por razones demográficas, el costo financiero de la deuda se mantiene elevado y Pemex continúa requiriendo apoyo financiero.
Y hay un elemento adicional: la deuda pública. México no enfrenta hoy una crisis de deuda. Pero la trayectoria de las finanzas públicas comienza a generar preocupación entre calificadoras e inversionistas. Bloomberg y The Economist han puesto recientemente sobre la mesa las dudas acerca de la sostenibilidad fiscal del país.
No se trata de que México vaya a perder mañana su grado de inversión. Pero sería un error ignorar las señales de alerta. La credibilidad fiscal se ha erosionado en los últimos años. Basta comparar las calificaciones actuales con las de 2018 para constatarlo.
Por más que Hacienda lo niegue, México enfrenta el riesgo de perder el grado de inversión en algún momento de lo que resta del sexenio si no corrige la trayectoria de sus finanzas públicas. No es inevitable, pero tampoco un escenario que pueda descartarse.
La ecuación es particularmente difícil: ingresos estancados + crecimiento débil + año electoral + presiones estructurales de gasto + Pemex + servicio de la deuda + inversionistas cada vez más atentos.
Y existe una restricción adicional: el gobierno quiere evitar un ajuste fiscal que pueda tener costos políticos precisamente cuando se acerca una elección.
¿Qué propondrá entonces Hacienda mañana?
Lo sabremos pronto. Pero desde ahora una cosa parece clara: querer quedar bien simultáneamente con la presidenta, los ciudadanos —que serán votantes el próximo año—, los inversionistas y los empresarios parece, al menos sobre el papel, una misión casi imposible.
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