México tiene tres fracturas abiertas: el federalismo, la verdad y los resultados. Las tres se explican con el mismo hilo, qué es el dinero público y la forma en que la Federación decide repartirlo entre los estados.
Las participaciones federales a estados y municipios cayeron 3.6 por ciento en términos reales. El Fondo Metropolitano desapareció del presupuesto desde 2021, como lo han denunciado el pueblo de Jalisco, nuestro coordinador, Clemente Castañeda, y nuestra alcaldesa Verónica Delgadillo. Ahí estaban las obras de agua potable, saneamiento, drenaje, transporte y vialidad de las zonas donde vive la mayoría de los mexicanos. Se recortaron sin una fórmula pública que lo explique y sin una discusión en la cámara.
Guadalajara pide de regreso más de 5 mil millones de pesos de ese fondo para renovar su infraestructura hidráulica, y la respuesta federal está a la vista en el Paquete Económico 2027: 16.7 millones de pesos para el saneamiento del río Santiago, frente a mil 41 millones para el río Lerma. Es el río más contaminado del país recibiendo el uno y medio por ciento de lo que se destina a su cuenca vecina. A los tapatíos se les cobra el agua sucia dos veces: en el recibo y en la salud.
Querétaro paga impuestos, recibe población, genera empleos y sostiene una de las regiones económicas más dinámicas del país. A cambio tenemos una Carretera 57 con problemas de conservación y de seguridad, y un Tren México–Querétaro que a mitad de 2026 reportaba 19 por ciento de avance. Quien maneja todos los días por esa carretera está cobrando lo que ya pagó.
Dos estados, un mismo patrón. Jalisco y Querétaro tienen gobiernos que su gente eligió libremente fuera de Morena, y los dos aparecen hasta el final de la fila cuando se reparte el dinero de todos. Ahí está la factura que el gobierno federal les quiere cobrar a los ciudadanos por haber votado distinto.
Cuando el reparto del gasto depende de la relación política de un gobernador con Palacio Nacional, la hacienda pública deja de tener reglas y empieza a tener humores. Ningún país sostiene servicios de calidad así. Un hospital, una escuela, una planta de tratamiento o una policía municipal se planean a diez años, y eso exige saber cuánto va a llegar y cuándo. El clientelismo presupuestal sale caro: compra obediencia y deja obras a medias.
Hay una salida y se puede legislar este año. Primero, que el Fondo Metropolitano regrese al Presupuesto de Egresos con reglas de operación públicas, con una bolsa etiquetada para agua y saneamiento, y con las zonas metropolitanas decidiendo el destino de la obra. Segundo, que la fórmula de distribución de las participaciones se revise con los estados y los municipios sentados en la mesa, junto con las competencias de recaudación de cada orden de gobierno, porque quien cobra el impuesto tiene que responder por el servicio. Tercero, que las ministraciones federales tengan calendario publicado y que retrasar o condicionar una transferencia tenga responsabilidad con nombre y consecuencia. Un piso parejo de desarrollo para los 18 municipios de Querétaro se construye con esas tres cosas, y con padrones de beneficiarios abiertos y verificables, para que ningún programa social dependa de cómo votó una comunidad. Ahí está la diferencia entre un país que planea y un país que pide permiso.
Los impuestos que pagan las y los mexicanos no son la caja de un partido. Ningún gobierno tiene derecho a usar el presupuesto para premiar lealtades y castigar territorios. Morena tiene todo el poder, y el dinero de la gente no le pertenece.
No queremos favores de la Federación. Queremos federalismo.
Recomendar Nota
