Bajo el mando de la Agencia de Transformación, se planteó fiscalizar redes sociales para propaganda política
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Bajo el mando de la Agencia de Transformación, se planteó fiscalizar redes sociales para propaganda política
De acuerdo con el portal Latinus, el Instituto Nacional Electoral (INE) puso sobre la mesa una propuesta técnica que busca endurecer el control sobre la propaganda política en el ecosistema digital.
El planteamiento central sugiere otorgar a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones la facultad de bloquear plataformas tecnológicas que no cooperen con los procesos de fiscalización.
La propuesta del órgano electoral busca adicionar un apartado específico a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), titulado “Fiscalización de servicios y propaganda digital”.
El objetivo principal es dotar a la Unidad Técnica de Fiscalización de herramientas legales para rastrear con precisión el origen y destino del dinero que partidos y candidatos destinan a:
Uno de los puntos más relevantes de esta reforma técnica es la exigencia de que cualquier plataforma digital (persona física o moral) que opere en el país establezca una oficina física en territorio nacional. Esto tiene como fin asegurar que las autoridades electorales —INE, organismos locales o tribunales— puedan entregar requerimientos y notificaciones legales de manera efectiva.
De acuerdo con el documento presentado, si una plataforma incumple reiteradamente con los mandamientos de la autoridad, el INE tendría la potestad de solicitar a la Agencia de Transformación Digital el bloqueo temporal o territorial del servicio.
Esta iniciativa revive un tema que generó una fuerte controversia en abril de 2025. En aquel momento, el Gobierno Federal, bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, propuso una facultad similar dentro de la Ley de Telecomunicaciones a través del artículo 109.
Sin embargo, tras las críticas de diversos sectores de la sociedad civil y organismos de derechos humanos que señalaron riesgos directos para la libertad de expresión, dicho artículo fue retirado y la ley se aprobó sin la capacidad de bloqueo. Ahora, el INE retoma la idea, pero vinculándola estrictamente a la transparencia y rendición de cuentas del gasto electoral.
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