Ante las tácticas violentas y el miedo a los centros de detención, casi dos millones de personas han abandonado el país voluntariamente
Ante las tácticas violentas y el miedo a los centros de detención, casi dos millones de personas han abandonado el país voluntariamente

Lo que comenzó en 2002 como una respuesta burocrática a los traumas del 11 de septiembre se ha transformado, en pleno 2026, en la fuerza de choque más robusta y controversial de los Estados Unidos.
El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) ha dejado de ser una agencia de investigación para convertirse en el brazo ejecutor de una "maquinaria de expulsión" sin precedentes, dotada de un presupuesto histórico de 170 mil millones de dólares y una misión clara: la deportación masiva.
Bajo la administración actual, el ICE ha duplicado su fuerza laboral en un tiempo récord, pasando de 10 mil a 22 mil agentes. Sin embargo, este crecimiento exponencial ha encendido las alarmas sobre la preparación de sus nuevos integrantes.
El entrenamiento, que anteriormente duraba 16 semanas, se ha reducido a la mitad (ocho semanas). Más preocupante aún es que el dominio del español, lengua materna de la mayoría de los detenidos, ya no es un requisito.
Esta "campaña de reclutamiento en tiempos de guerra" —como la ha denominado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)— utiliza tácticas de geofencing para atraer a "patriotas" en ferias de armas y bases militares, ofreciendo bonos de hasta 50 mil dólares.
El costo humano de esta rápida expansión se cristalizó el pasado 7 de enero en Mineápolis. El tiroteo fatal de Renee Nicole Good, de 37 años, a manos de un agente de ICE, ha desatado una ola de protestas nacionales.
El incidente cuestiona el uso de la fuerza letal y provocó la renuncia de una docena de fiscales federales en Minnesota, quienes denuncian una politización de la agencia que pone en riesgo la seguridad pública.
Legalmente, el ICE tiene la facultad de arrestar a personas sospechosas de estar en el país sin documentación. No obstante, la línea entre el orden migratorio y los derechos civiles es cada vez más delgada.
Según reportes de ProPublica, solo en los primeros nueve meses de esta gestión se registraron más de 170 incidentes donde ciudadanos estadounidenses fueron retenidos contra su voluntad por sospechas raciales.
Aunque la Constitución exige una "amenaza inminente" para disparar, los agentes operan bajo una amplia indulgencia judicial, y muchos ahora actúan con el rostro cubierto por máscaras, dificultando su rendición de cuentas.
A lo anterior se suma que la distinción entre la Patrulla Fronteriza (que vigila los límites) y el ICE (que opera en el interior) ha desaparecido. Hoy, hasta 2 mil agentes federales pueden ser desplegados en una sola ciudad para realizar redadas masivas en espacios públicos.
Para la comunidad mexicana, que constituye el grupo más numeroso de inmigrantes en Estados Unidos, el fortalecimiento del ICE representa un estado de sitio permanente.
| Dato Estadístico (2025) | Cifra Reportada |
| Deportaciones Totales | 605,000 personas |
| "Autodeportaciones" Voluntarias | 1.9 millones de personas |
| Detenidos en Centros de ICE | 65,000 personas |
El impacto más profundo no es solo el arresto físico, sino el psicológico. La campaña pública del gobierno ha empujado a casi dos millones de personas a abandonar el país voluntariamente.
Familias mexicanas enteras, con hijos nacidos en Estados Unidos están liquidando sus bienes y regresando a México por miedo a terminar en centros de detención donde, según abogados, pueden pasar días sin que sus familiares conozcan su paradero.
Para finales de noviembre de 2025, el ICE mantenía a unas 65,000 personas detenidas, según datos del Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse.
A pesar de las críticas por el uso de tácticas militares y la falta de transparencia, el país se encuentra fracturado. Mientras un 53% de los estadounidenses considera que la administración está yendo "demasiado lejos", el presupuesto de la "Gran y hermosa ley" asegura que el ICE continuará siendo el protagonista de la política interna de EU durante los próximos cuatro años, revela una encuesta realizada por el Pew Research Center en octubre de 2025.
La pregunta que queda en el aire es si la seguridad nacional justifica la creación de una fuerza que, en su afán de eficiencia, parece estar sacrificando los protocolos básicos de derechos humanos y el debido proceso.
Ante el aumento de agentes con rostros cubiertos y el despliegue en ciudades santuario, las organizaciones de derechos civiles han reforzado los protocolos de defensa. Aunque ICE ha expandido sus tácticas, los derechos fundamentales en suelo estadounidense siguen vigentes bajo la Constitución:
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