Dudan del suicidio del exfiscal anticorrupción de Puebla; investigaba una presunta red de huachicol  

Rubén Alberto Curiel Tejeda fue encontrado muerto dentro de una camioneta en un estacionamiento del gobierno de Puebla. La Fiscalía apunta a un posible suicidio, pero un abogado cercano al funcionario cuestiona esa hipótesis, denuncia que había descubierto una presunta red de huachicol y pide que la FGR investigue el caso.

Puebla, 25 de septiembre de 2026. — La muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exfiscal Anticorrupción de Puebla y hasta hoy coordinador general Jurídico de la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, ha abierto interrogantes sobre las circunstancias de su fallecimiento, su salida de la Fiscalía y las investigaciones que tuvo bajo su responsabilidad.

El funcionario fue encontrado sin vida la mañana de este viernes dentro de una camioneta estacionada en el tercer sótano del Centro Integral de Servicios de Angelópolis, un complejo de oficinas del gobierno estatal. Según los primeros reportes, ingresó al inmueble alrededor de las 9:59 horas y, minutos después, fue localizado herido. Los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento.

La Fiscalía General del Estado informó que los primeros indicios apuntan a una posible muerte autoinfligida, pero aclaró que esa hipótesis no se dará por concluida hasta agotar las diligencias ministeriales y periciales. Hasta el momento, no se ha hecho público un dictamen definitivo sobre las circunstancias de su muerte.

Sin embargo, el abogado poblano Ignacio Trujillo, quien afirma haber sido amigo de Curiel desde sus años universitarios, cuestionó públicamente la hipótesis del suicidio y solicitó que la Fiscalía General de la República atraiga la investigación.

Trujillo sostiene que, durante su paso por la Fiscalía Anticorrupción, Curiel descubrió una presunta red de irregularidades relacionadas con el huachicol y que esos hallazgos lo convirtieron en un funcionario incómodo para la fiscal general del estado, Idamis Pastor Betancourt, quien posteriormente lo relevó de su cargo. Se trata de señalamientos del abogado que, hasta ahora, no han sido corroborados mediante documentos o pruebas públicas.

El abogado también puso en duda la seguridad del estacionamiento donde ocurrió la muerte. Advirtió que el sistema de videovigilancia del complejo gubernamental está bajo control de las autoridades estatales y sostuvo que existen zonas que no son cubiertas por las cámaras. Su señalamiento plantea la necesidad de preservar y revisar todas las grabaciones disponibles.

Curiel tenía una trayectoria de casi cuatro décadas en el servicio público. Había desempeñado distintos cargos relacionados con la seguridad, la procuración de justicia y los derechos humanos. En noviembre de 2025 fue nombrado encargado de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción y posteriormente pasó a la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno del gobierno de Alejandro Armenta.

Su paso por la Fiscalía coincidió con un proceso de reestructuración y depuración de la institución. En julio de este año, el gobernador Armenta informó que más de cien agentes del Ministerio Público habían sido relevados por sospechas de filtraciones de información a organizaciones delictivas. No existe información pública que vincule a Curiel con esas acusaciones.

La denuncia de Trujillo introduce una cuestión adicional: si Curiel efectivamente investigaba una red de huachicol, es necesario establecer qué expedientes abrió, quiénes aparecían en ellos, hasta dónde avanzaron las investigaciones y qué ocurrió con esa información después de que dejó la Fiscalía.

También corresponde esclarecer las circunstancias de su relevo. ¿Por qué Idamis Pastor Betancourt decidió separarlo de la Fiscalía Anticorrupción? ¿Existieron diferencias relacionadas con las investigaciones que llevaba a cabo? ¿Hay documentos, comunicaciones o testimonios que permitan comprobar o descartar las afirmaciones de Trujillo?

En cuanto a su muerte, la Fiscalía deberá establecer qué muestran las cámaras del Centro Integral de Servicios, quiénes ingresaron al estacionamiento durante los minutos anteriores y posteriores al fallecimiento y si existen zonas sin cobertura de videovigilancia. Asimismo, deberá determinar si los indicios materiales, los resultados de la necropsia y los dictámenes periciales son compatibles con la hipótesis preliminar de una muerte autoinfligida.

Hay otra pregunta que corresponde responder al gobierno estatal: ¿qué medidas se adoptarán para garantizar la conservación de las grabaciones, los registros de acceso y cualquier otra evidencia que se encuentre bajo su control?

La petición de que la Fiscalía General de la República intervenga cobra relevancia por los señalamientos que involucran a la titular de la Fiscalía poblana. Una investigación federalpermitiría examinar las denuncias formuladas por Trujillo y determinar si existen elementos que justifiquen la intervención de autoridades federales.

Por ahora, hay dos hechos distintos que no deben confundirse: la Fiscalía investiga una posible muerte autoinfligida y un abogado cercano al funcionario sostiene que este había descubierto una presunta red de huachicol. No se ha demostrado que exista relación entre ambos acontecimientos, ni hay pruebas públicas suficientes para descartar la hipótesis del suicidio.

El gobierno de Puebla y su Fiscalía tienen pendiente esclarecer la muerte de quien fue responsable de investigar la corrupción en el estado. La publicación de los resultados periciales, la revisión de las grabaciones y el esclarecimiento del destino de los expedientesque tuvo a su cargo permitirán responder las dudas que hoy rodean el caso.

(Con información de Quadratin Puebla)