En todas las denuncias figuraba Alex Saab como presunto responsable de lavado de dinero por la venta inflada de despensas para programas sociales del régimen de Maduro.
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En todas las denuncias figuraba Alex Saab como presunto responsable de lavado de dinero por la venta inflada de despensas para programas sociales del régimen de Maduro.
A pesar de contar con cuatro denuncias penales sustentadas con evidencia financiera, la Fiscalía General de la República (FGR) enterró las investigaciones contra una red internacional de lavado de dinero que operó desde México y que era encabezada por Alex Saab, identificado por autoridades internacionales como prestanombres de Nicolás Maduro.
Los expedientes fueron integrados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y señalaban un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante el cual se compraban alimentos baratos y de baja calidad en México para revenderlos con sobreprecio al régimen venezolano, a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Sin embargo, ninguno de los casos fue judicializado.
De acuerdo con fuentes cercanas a las indagatorias consultadas por La Aurora de México, el Ministerio Público de la Federación nunca ejerció acción penal, pese a que la UIF aportó información que acreditaba el probable lavado de dinero y el desvío de recursos públicos venezolanos. Los expedientes simplemente quedaron archivados.
El episodio más grave ocurrió en noviembre de 2018, durante la transición presidencial en México. En lugar de proceder penalmente, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), bajo el interinato de Alberto Elías Beltrán, avaló un acuerdo reparatorio que extinguió la acción penal y permitió que la red siguiera operando.
Lejos de sancionar a los responsables, el acuerdo consistió en que las empresas involucradas enviaran dos mil contenedores adicionales de despensas a Venezuela, costeados por ellas mismas. “Fue un mensaje de impunidad absoluta: sigan operando, sigan violando la ley”, señalaron las fuentes.
Aunque dos de las denuncias se presentaron en el último tramo del gobierno de Enrique Peña Nieto y las restantes posteriormente, las investigaciones nunca fueron retomadas por la FGR, ya bajo la conducción de Alejandro Gertz Manero, a pesar de que la fiscalía estaba legalmente obligada a hacerlo.
En todas las denuncias figuraban Alex Saab y otros operadores vinculados al chavismo como presuntos responsables del delito de lavado de dinero, cometido a través de la venta inflada de despensas para programas sociales del régimen de Maduro. Aun así, ninguno enfrentó consecuencias legales en México.
El contraste es contundente: Estados Unidos sí actuó. Saab fue detenido y procesado por corrupción y lavado de dinero; en 2023 fue liberado como parte de un intercambio diplomático, a cambio de la liberación de diez ciudadanos estadounidenses presos en Venezuela.
En 2024, Nicolás Maduro lo premió con un cargo ministerial, aunque el viernes pasado fue destituido por la presidenta interina Delcy Rodríguez, en medio de nuevas presiones internacionales contra el régimen venezolano.
Mientras tanto, en México, la red financiera que operó desde territorio nacional y fue documentada por la UIF sigue sin castigo. Las denuncias permanecen congeladas en los archivos de la FGR, como un recordatorio de cómo una investigación por lavado de dinero de escala internacional fue deliberadamente ignorada por el Estado mexicano.
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