En la entrega anterior escribí que la justicia no debería ser un privilegio, pero existe un problema todavía más profundo: en México una persona puede tener un derecho reconocido por la Constitución y, aun así, no tener ninguna posibilidad real de ejercerlo.
Sobre el papel tenemos derechos a la salud, a la educación, a la libertad, a la igualdad, a la defensa y a la libertad de expresión, muchas veces hace falta algo más: dinero, tiempo, información y alguien que sepa cómo obligar a una autoridad a respetarlos.
Ahí está una de las grandes contradicciones de nuestro sistema, un niño puede tener derecho a recibir atención médica, pero si la institución responsable se la niega, alguien tiene que saber qué hacer después, una familia puede tener derecho a que sus hijos estudien en una escuela segura y digna, pero ese derecho pierde fuerza si nadie les explica cómo exigir que la autoridad cumpla con su obligación, una persona puede tener derecho a una defensa adecuada y permanecer durante meses o años privada de la libertad porque nunca tuvo acceso a una representación jurídica capaz de revisar seriamente su expediente, un periodista puede tener protegida constitucionalmente su libertad de expresión y, sin embargo, necesitar defenderse frente a procesos o amenazas que buscan inhibir su trabajo.
En todos estos casos el derecho existe, lo que falta es la posibilidad de hacerlo efectivo.
Durante años de ejercicio profesional he visto cómo una demanda, un amparo, una suspensión o una correcta estrategia jurídica pueden transformar la vida de una persona, no porque los abogados otorguemos derechos, sino porque muchas veces somos el puente entre un derecho que ya existe y una autoridad obligada a respetarlo.
Eso debería hacernos reflexionar.
Nos hemos acostumbrado a medir los avances del país por la cantidad de derechos que incorporamos a nuestras leyes, celebramos reformas constitucionales, nuevas legislaciones y resoluciones judiciales que amplían su protección, todo eso importa, pero también tendríamos que preguntarnos cuántas personas pueden realmente beneficiarse de esos avances.
Porque un derecho que sólo puede defender quien tiene recursos corre el riesgo de convertirse en un privilegio, pensemos en una familia que necesita un tratamiento médico que una institución pública se niega a proporcionar, para un abogado puede resultar evidente que existen herramientas legales para defender ese derecho, para esa familia quizá no.
Primero tiene que saber que la negativa puede combatirse, después necesita encontrar a alguien que conozca el procedimiento, reunir documentos, acudir ante un juez y esperar una resolución, entre el derecho reconocido y el derecho ejercido existe entonces una distancia enorme.
Esa distancia tiene un nombre: acceso a la justicia.
Y no se reduce a tener tribunales abiertos, significa que las personas puedan comprender sus derechos, contar con asesoría, acceder a una defensa adecuada y obtener una respuesta efectiva cuando una autoridad incumple.
He encontrado esa misma realidad en asuntos aparentemente muy distintos: personas privadas de la libertad, niñas y niños que necesitan atención médica, familias que exigen condiciones dignas en una escuela o periodistas que buscan defender su libertad de expresión, detrás de todos esos casos aparece la misma pregunta:
¿De qué sirve reconocer un derecho si ejercerlo depende de tener los recursos para defenderlo?
México no necesita solamente más derechos escritos en sus leyes, necesita construir las condiciones para que esos derechos puedan convertirse en realidad, eso implica fortalecer las defensorías públicas, las clínicas jurídicas universitarias y el trabajo pro bono, también significa utilizar el litigio estratégico para transformar casos individuales en precedentes capaces de beneficiar a muchas otras personas.
Una sentencia que permite a una persona recuperar su libertad, acceder a un tratamiento médico o exigir una escuela digna demuestra que las instituciones pueden funcionar, pero también revela algo incómodo: muchas veces fue necesario acudir a un tribunal para conseguir aquello que la autoridad debió garantizar desde el principio.
Tenemos que cerrar esa distancia, porque una sociedad no se mide únicamente por los derechos que reconoce, también se mide por la posibilidad real que tienen todas las personas de ejercerlos.
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