Guadalajara, Jal.- Sea cual sea su color e ideología, la narrativa del Gobierno en turno es tan simple como predecible. Detrás del escritorio de las y los poderosos no existen las crisis, sólo eventualidades. Tampoco impera la violencia, sino los hechos aislados. Es más, cuando el PIB no avanza se le llama “crecimiento negativo”.
Y, como en Jalisco también somos reyes del eufemismo, no existen las inundaciones de temporada, sino las lluvias atípicas; los tandeos de agua, que acá llamamos “esquemas de rotación”, y a la represión se le dice enfrentamiento.
Porque si algo puede pronunciarse suavecito, así se hará. Juntar la palabra “crisis” e “hídrica” genera más ronchas en corbatas finas que la misma crisis hídrica en la piel.
Pero acá a las cosas se les llama por su nombre. Lo ocurrido el domingo 11 de octubre por la tarde afuera de Casa Jalisco no fue un enfrentamiento: fue represión. El Gobierno del Estado tenía previsto que hubiera un altercado en la anunciada manifestación para exigir agua limpia y, por esa razón, preparó antimotines, instaló vallas y, lo más grave, ordenó a bomberos que dispararan agua a presión a ciudadanos.
Que haya habido provocaciones o actos violentos por parte de integrantes del llamado “bloque negro” no exime a las autoridades de explicar cómo respondieron ni justifica por sí mismo el uso desmedido de la fuerza. El problema no es solamente lo que ocurrió durante la protesta, sino la manera en que el Estado decidió contenerla.
Fue justamente esa acción lo que hizo que la nota cobrara un matiz distinto. La válvula de presión estaba puesta en el hartazgo por el agua contaminada que sale de la llave, pero se eligió la violencia y lo que ya era un problema enorme se convirtió en dos de igual dimensión.
Frente al legítimo reclamo de un derecho universal como es el agua potable, la respuesta institucional trasladó la narrativa a los golpes, gases, chorros a presión, detenciones y uso desmedido de la fuerza. Si eso no es una nueva crisis, ¿entonces qué sí es?
Con funcionarios infiltrados en la marcha, gases lacrimógenos en el ambiente y bomberos atacando a la gente, la conversación dejó de girar en torno a un servicio público que no satisface a miles de familias para concentrarse en los disturbios y en quién lanzó la primera piedra.
Nada se aprendió del 28 de mayo de 2004. Nada cambió desde el 4, 5 y 6 de junio de 2020. Una vez más, el fondo quedó desplazado por la forma y la autoridad encontró una nueva emergencia que atender sin resolver necesariamente la que llevó a la gente hasta su puerta.
A estas alturas ya no basta con anunciar revisiones internas, prometer que se analizarán videos o asegurar que habrá sanciones si se comprueban excesos. Rendir cuentas no consiste en que el Gobierno se investigue a sí mismo y espere que la ciudadanía aplauda. Hay que explicar quién ordenó el operativo, bajo qué criterios se utilizó la fuerza y quién responderá por los abusos, sin permitir que la discusión sobre los disturbios termine por sepultar el reclamo original.
Porque mientras se discute si a los grandes problemas les ponemos eufemismos para que no suenen tan feo, las familias siguen resolviendo algo tan elemental como cargar sus garrafones a plantas potabilizadoras móviles para conseguir agua que al menos parezca serlo.
A las cosas por su nombre: si el agua llega sucia al grifo, se llama crisis. Si la ciudadanía sale a reclamar y la autoridad responde con gases y chorros de agua a presión, se llama represión. Si quienes deben garantizar el agua potable no pueden hacerlo, se llama ineptitud. Y si el Gobierno quiere recuperar la confianza, no lo conseguirá buscando palabras amables para nombrar sus fracasos, sino resolviendo los problemas que los provocaron.
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